Alerta de la Procuraduría, siete municipios del Tolima no tienen bomberos para atender los incendios

La Procuraduría General de la Nación pidió el 27 de agosto de 2026 a siete alcaldías de Tolima garantizar la atención de incendios y otras emergencias porque esos municipios aún no tienen el convenio necesario para asegurar el servicio de bomberos, en un departamento que declaró la calamidad pública tras una ola de fuegos que desbordó su capacidad de respuesta.

La emergencia deja más de 50.000 hectáreas afectadas y más de 2.600 agricultores golpeados, con 23 municipios y 507 veredas asediados por los incendios.

La declaratoria habilita apoyo adicional del Gobierno nacional a través de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y del Sistema Nacional de Gestión de Desastres (Sngrd).

El requerimiento del Ministerio Público fue dirigido a los alcaldes de Anzoátegui, Cunday, Herveo, Rioblanco, Roncesvalles, Villahermosa y Villarrica.

De acuerdo con la información conocida por el organismo, esas administraciones todavía no cuentan con el instrumento contractual que garantiza la prestación del servicio de bomberos.

“El requerimiento preventivo se originó en la información conocida durante una reunión del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, según la cual l os municipios de Anzoátegui, Cunday, Herveo, Rioblanco, Roncesvalles, Villahermosa y Villarrica, no cuentan aún con el convenio necesario para garantizar la atención de incendios y rescates”, señaló el organismo del Estado.

En efecto, pidió adoptar medidas administrativas, presupuestales y contractuales para asegurar la capacidad de respuesta.

Al mismo tiempo reclamó mecanismos temporales de atención mientras se formalizan los convenios pendientes.

“La Procuraduría advirtió que las actuales condiciones hidrometeorológicas del Tolima incrementan el riesgo de incendios de cobertura vegetal y forestales, por lo que pidió adoptar de inmediato las medidas administrativas, presupuestales y contractuales necesarias , así como mecanismos de contingencia mientras se formaliza la prestación del servicio”, puntualiza el comunicado.

Uno de los compromisos del Ministerio Público, según expuso, es continuar “con el seguimiento preventivo para salvaguardar los derechos de la comunidad y fortalecer la capacidad de respuesta de las autoridades frente a las emergencias que puedan presentarse en el territorio”.