La presión internacional se intensifica para que el régimen de Nicaragua rinda cuentas por desaparecidos

La exigencia internacional para que el Estado de Nicaragua rinda cuentas por las desapariciones forzadas de presos políticos se intensificó tras una audiencia reciente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) .

Diversas organizaciones, encabezadas por la Asociación Memoria y Justicia por Nicaragua (AMJ) , pidieron que se mantenga una presión constante sobre el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo para esclarecer el paradero de al menos siete personas bajo medidas provisionales del tribunal, cuyo destino aún se desconoce.

Según reportó Artículo 66, Claudia Pineda , directora de la AMJ, reclamó la liberación inmediata de quienes permanecen detenidos por motivos políticos y demandó una supervisión firme del tribunal interamericano sobre estos casos.

La audiencia, celebrada la semana anterior y recogida por Artículo 66, reunió a representantes de la sociedad civil nicaragüense en el exilio, quienes acompañan a las familias de los presos políticos.

Pineda instó a la Corte-IDH a exigir al Estado información inmediata y verificable sobre el paradero de los desaparecidos, así como la garantía de contacto privado con familiares y acceso a evaluaciones médicas independientes.

“Esperamos que la Corte mantenga una supervisión firme sobre estos casos y reitere al Estado su obligación de informar de manera inmediata y verificable el paradero de las siete personas” , declaró la activista durante la sesión.

El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas en Nicaragua, citado por Artículo 66, advirtió que el régimen se niega a informar sobre el estado de salud o paradero de los detenidos, lo que incrementa el riesgo sobre sus vidas.

Pineda subrayó que la información oficial sigue siendo muy limitada, pues las familias no han podido establecer contacto directo ni acceder a abogados o médicos independientes, lo cual impide determinar con certeza en qué condiciones se encuentran los afectados.

Entre los beneficiarios de las medidas de la Corte-IDH se encuentran Víctor Boitano Coleman , Eddie Moisés González Valdivia , Steadman Fagoth Müller , Carlos Ramón Brenes Sánchez , Ricardo José Mendoza Yrigoyen , Salvadora del Socorro Martínez Aburto y Larry Javier Martínez Romero .

Todos ellos, según la Corte, están en situación de desaparición forzada.

Además, se mencionó la situación de José Manuel Urbina Lara y Jaime Enrique Navarrete , quienes, a pesar de haber cumplido condena ante los tribunales controlados por el régimen, permanecen en prisión, según lo expuesto ante la Corte-IDH.

El caso de Steadman Fagoth Müller , líder indígena y exasesor presidencial para asuntos indígenas, fue destacado durante la audiencia.