Nueve detenidos tras desmantelar una red de trata de seres humanos en Córdoba y Cáceres

Córdoba, 23 sep (EFE).- Agentes de la Policía Nacional han detenido a nueve personas tras desarticular una organización criminal presuntamente dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual en prostíbulos de Córdoba y Cáceres.

La Policía ha explicado en una nota que las víctimas eran mujeres de origen sudamericano forzadas a prostituirse durante las 24 horas del día y 7 días a la semana, en condiciones muy precarias y bajo un férreo contro, mientras que entre los arrestados se encuentran los principales responsables del entramado, de nacionalidad brasileña y con vínculos familiares entre sí.

Además, también se ha logrado la liberación de cuatro mujeres y la detección de otras 25 víctimas potenciales, entre ellas una madre y su hija.

La investigación se inició en noviembre de 2025 con las denuncias de cuatro víctimas que pusieron a los agentes sobre la pista de una organización criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual en prostíbulos.

A raíz de esas denuncias, los investigadores pusieron en marcha múltiples pesquisas que les permitieron constatar la existencia de una organización criminal asentada en Córdoba y Cáceres, perfectamente jerarquizada y con un claro reparto de papeles en aras a conseguir su objetivo final, que no era otro que la explotación sexual de las víctimas.

Las víctimas eran mujeres de origen sudamericano traídas a España mediante engaño y aprovechándose de su especial situación de vulnerabilidad, prometiéndoles trabajos dignos y bien remunerados y que a la postre eran coaccionadas, mediante amenazas, a prostituirse.

La explotación sexual se desarrollaba en dos establecimientos ubicados en Córdoba y Cáceres utilizados a tal fin por la organización criminal, donde eran sometidas a un férreo control mediante la vigilancia con circuitos cerrados de cámaras de vigilancia.

El entramado imponía a las mujeres unas condiciones gravosas y muy precarias, obligándolas al prostituirse en jornadas de 24 horas los 7 días de la semana bajo amenazas y vejaciones y a aceptar todo tipo de prácticas sexuales solicitadas.

Las tarifas y servicios eran impuestos por la organización, así como los servicios en el exterior y tenían prohibido salir sin previa autorización de los responsables de la organización.

Los beneficios generados por las víctimas eran recaudados por los responsables de los locales, que posteriormente entregaban a las víctimas las cantidades estipuladas por los servicios realizados.

Cuando las víctimas no generaban beneficios suficientes, bien porque llevaban mucho tiempo y ya eran muy conocidas por los clientes o bien por problemas de actitud, eran intercambiadas entre los establecimientos para dar continuidad a su explotación sexual.