La prórroga de Almaraz provoca el enésimo enfado sin consecuencias de Sumar
A tres días de que la legislatura cumpla su tercer año, una orden publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) provocó el enésimo enfado sin consecuencias de Sumar.
Un viernes de agosto, en plena crisis migratoria por la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta, el Gobierno notificó la prórroga de la vida útil de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) al menos hasta 2030.
Un giro de 180 grados de los socialistas, sí, aunque previsible por la evolución de los acontecimientos.
El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, había puesto sobre la mesa tres condiciones que se cumplen: la extensión de la explotación es segura, no compromete la fiabilidad del suministro y carece de coste para los ciudadanos.
Para el socio minoritario de la coalición, sin embargo, supone «una profunda ruptura» de su pacto con el PSOE.No en vano, la anterior inquilina de Transición Ecológica, la exvicepresidenta Teresa Ribera, siempre defendió el calendario de cierre establecido y se marchó a Europa con la orden firmada para ejecutar el de Almaraz.
A la presión social y política —no solo de la oposición, también del PSOE extremeño por los alrededor de 4.000 puestos de trabajo directos e indirectos que genera—, se le sumó en octubre del año pasado la petición formal de las tres propietarias de la planta, Iberdrola, Endesa y Naturgy, de prolongar sus trabajos.
La actual ministra competente en la materia, Sara Aagesen, afirmó recientemente que la decisión se iba a tomar como tarde en septiembre, y en su departamento, mientras la atención mediática recaía en otros menesteres, se trabajaba concienzudamente para resolverlo.Desde la rama socialista del Ejecutivo, nada más trascender la noticia, se afanaban en remarcar que la extensión «se circunscribe exclusivamente a la instalación de Almaraz» y no altera «la fecha de cese definitivo del conjunto del parque nuclear en 2035».
No obstante, en la oposición se recibió como una victoria, empezando por la presidenta de Extremadura, la popular María Guardiola, y en la mayoría de partidos a la izquierda del PSOE se encajó como un jarro de agua fría.
Aagesen no se pronunció, pero desde su ministerio enviaron un comunicado cuya primera frase escondía cierto aroma a 'excusatio non petita': «El Gobierno mantiene exactamente la misma posición que ha defendido siempre».Transición Ecológica subraya que la extensión es «acotada y limitada», que se produce en circunstancias derivadas de los conflictos de Oriente Próximo y Ucrania, y que en cualquier caso no afecta a la apuesta del Gobierno por las energías renovables. «Permanece intacta», zanjan desde el ministerio.
En Sumar y en aliados parlamentarios del PSOE como Podemos, desde luego, la visión es otra.
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