La anomalía de la orden del Supremo que solo permite votar a los nacionalizados por la ‘ley de nietos’ que viven en España

La decisión de Tribunal Supremo de suspender el derecho al voto de los nacionalizados por la ley de nietos deja un reguero de situaciones anómalas a mes y medio de las elecciones generales del 29 de noviembre.

La primera y fundamental, la existencia de 163.020 españoles inscritos en el censo a los que se les ha retirado el derecho a votar por un procedimiento en el que no se les ha dado audiencia.

Pero de esa medida general brotan otras situaciones paradójicas como la de españoles nacionalizados por la Ley de Memoria Democrática de 2022 que votaron en las generales de 2023 o en cualquiera de las autonómicas celebradas desde entonces y que ahora se les prohíbe hacerlo; hijos o nietos de exiliados por razones políticas a los que el propio Supremo reconoce el derecho al voto, pero que no van a poder participar en las elecciones porque los consulados no tienen medios para expedir el certificado que requiere el tribunal; y también hay una paradoja sobre el que ni el PP ni Vox ni el Supremo han puesto el foco: españoles que obtuvieron la nacionalidad por la ley de nietos, pero viven en España y votan en cualquiera de las 52 circunscripciones españolas.

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