El Gobierno busca sortear su propia ley para favorecer el traslado de 500 niñas a la Península

Discriminar a 500 niñas frente al resto de menores hombres, para acelerar su traslado a la Península desde Ceuta, no es posible con la ley aprobada por este Gobierno el año pasado.

El artículo 5 de la contingencia migratoria no permite hacer esa diferenciación, de tal forma que el Ejecutivo se ve obligado a pertrechar otro mecanismo legal para priorizar la salida de las mujeres por su situación de vulnerabilidad, pese a la supuesta «normalidad» que según los ministros hay en Ceuta desde el segundo día de la invasión.Esta pasada semana, tal como avanzó ABC y confirmó posteriormente el Ministerio de Juventud e Infancia, el departamento de Sira Rego planteó la posibilidad de evacuar en primer lugar a medio millar de niñas, algunas de 13 años, que pueden haber sido o pueden ser víctimas de abusos o agresiones sexuales.

Aunque inicialmente habló de un supuesto pacto con la ciudad de Ceuta para ello, tras negar ese acuerdo el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, el secretario de Estado de Infancia, Rubén Pérez, admitió este jueves que todavía no había una propuesta concreta.Precisamente la falta de un texto definitivo, que permita dar salida a estas menores en el plazo de «unas semanas» que se ha marcado el Gobierno, tiene que ver con las dificultades para encontrar la vía legal para hacerlo.

Sin posibilidad de acudir al Real Decreto 2/2025, ya que supondría contar con el beneplácito de las comunidades autónomas que deberían asumir su tutela, el Ministerio de Juventud e Infancia se inclina por ir por la protección internacional, pese a que hay dudas sobre si todas estas niñas podrían acogerse legalmente a este derecho.La protección internacional «se refiere a la salvaguarda de los derechos de personas en riesgo, particularmente de aquellos que huyen de conflictos armados o violaciones sistemáticas de derechos humanos».

En el caso de Marruecos, que firmó y ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas en junio de 1993, la adhesión a este tratado debería garantizar la protección suficiente y necesaria para estas menores, de tal forma que esto podría dejar en un limbo su derecho a formar parte de la protección internacional.

El Gobierno de Pedro Sánchez, que aplaude la «cooperación y colaboración» del país vecino, nunca ha condenado la vulneración de los derechos humanos.Si bien es cierto que algunas de esas niñas dicen haber sido víctimas de abusos o agresiones sexuales, la falta de información por parte de su país de origen complica determinar si estos hechos son realmente ciertos y si constituyen o no una amenaza para su integridad física.