Las prisas por controlar a los lobbies sumen a los ministerios en el desconcierto

La urgencia del Gobierno por aprobar la norma que regula las relaciones de los lobbies con el Estado, cuyo incumplimiento puede acarrear consecuencias penales y multas económicas de hasta 40.000 euros, hizo que entrara en vigor sin que existiera todavía el registro público en el que empresas, grupos de interés y otros lobistas deben registrarse obligatoriamente para poder reunirse con la Administración, que no estuvo listo hasta el 4 de septiembre, diez días después de la aprobación del decreto.El asunto ha tenido consecuencias.

Fuentes empresariales, de consultoras y del personal de los ministerios consultadas por ABC reconocen que la obligación legal que el decreto gubernamental establece de que ningún funcionario ni alto cargo del Estado pueda reunirse con una empresa, un lobista o un grupo de interés si estos no están antes dados de alta en el registro estatal de lobbies y la incertidumbre en torno al alcance de las obligaciones que establece el mismo han provocado que algunos departamentos hayan optado directamente por aplazar las reuniones previstas en tanto el asunto no se aclare.«Algunos ministerios han optado directamente por pausar las reuniones que estaban planificadas a la espera de ver qué ocurre el día 16», aseguran fuentes de una de las principales consultoras de asuntos públicos del país.

El día 16 de septiembre, miércoles, está prevista la votación parlamentaria para que se convalide o no el decreto aprobado el pasado 25 de agosto a toda prisa por el Gobierno, según el argumentario oficial para acreditar el cumplimiento del hito comprometido con Bruselas en el marco del Plan de Recuperación y evitar perder transferencias de fondos europeos.

Las expectativas no son halagüeñas para esa votación.

Junts ya ha avanzado que sus votos, que han sido claves a lo largo de esta legislatura para hacer que el Gobierno saque adelante sus iniciativas políticas, respaldarán la no convalidación del decreto de lobbies; el PP aún no se ha pronunciado pero va a exigir la comparecencia urgente del ministro Óscar López para explicar «los problemas de seguridad jurídica, aplicación práctica, coordinación administrativa y capacidad de control» que está provocando la norma, lo que vaticina una posición contraria; y, por si fuera poco, los sindicatos UGT y CC.OO. han exigido la derogación de la norma por entender que «vulnera el papel constitucional de las organizaciones sindicales», lo que pone en cuestión el eventual respaldo de las formaciones de izquierda al texto.Malestar en los agentes sociales por estar en la norma de lobbies cuando se exime a entidades como los colegios profesionales o la Cámara de EspañaLas urgencias del Gobierno por controlar a los lobbies han creado una situación de excepcionalidad en la Administración.