El Constitucional rechaza la petición del Defensor del Pueblo de reactivar el voto de 160.000 nacionalizados

La mayoría del pleno entiende que el recurso del organismo que preside Ángel Gabilondo se ha presentado de forma prematura y deja en manos del Tribunal Supremo la resolución del pleito que mantiene suspendido el derecho a voto de más de 160.000 personas amparadas por la ley de nietos El fallo del Supremo sobre la ley de nietos amenaza con dejar sin voto a quienes ya probaron el exilio de sus antepasados El pleno del Tribunal Constitucional ha decidido, por diez votos contra dos, inadmitir la petición del Defensor del Pueblo para reactivar de forma urgente el voto de más de 160.000 personas nacionalizadas a través de la ley de nietos.

Los magistrados entienden que el organismo presidido por Ángel Gabilondo pretende intervenir de forma prematura en el proceso cuando todavía se está tramitando el caso ante el Tribunal Supremo y no entran a examinar el fondo del asunto.

El debate vuelve así a manos de la sala de lo contencioso del Supremo, que mantiene en suspenso el derecho a voto de los nacionalizados desde principios de septiembre .

La sala tercera del Supremo anunció el pasado 9 de septiembre que estimaba la petición de medidas urgentes de Iustitia Europa y Vox y suspendía el derecho a voto, en la práctica, de las más de 160.000 personas nacionalizadas –tres veces menos que lo que alega la demanda– en base a la ley de nietos tras alegar que descienden de personas que abandonaron España para huir de la dictadura.

La decisión, con un voto en contra de una magistrada discrepante, fue confirmada en fase de cautelares rechazando las alegaciones de la Abogacía del Estado.

El resultado es que el voto de estas 160.000 personas sigue en el aire a menos de mes y medio de las elecciones del próximo 29 de noviembre.

El Tribunal Supremo, mientras resuelve el fondo del asunto, se ha limitado a dejar en manos de la administración electoral la gestión del asunto para que los nacionalizados que efectivamente desciendan de exiliados de la dictadura y la guerra lo puedan acreditar ante los consulados.

La Junta Electoral, por su parte, acordó hace unos días remitir la documentación electoral a todas esas personas con el aviso de que no todos podrán votar el día de los comicios.

El pleno del Constitucional ha decidido directamente inadmitir el recurso por prematuro y eso implica que, directamente, los magistrados ni han entrado a debatir la solicitud de medidas cautelarísimas que hacía el Defensor del Pueblo para levantar de forma urgente la suspensión que pesa sobre el derecho a voto de estos 160.000 nacionalizados.