Transferidos los primeros 800 millones del Plan de Vivienda con la crisis habitacional como telón de fondo

El Gobierno ha completado la transferencia de los primeros 800 millones de euros del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 a las comunidades autónomas, en una operación que ha sido certificada por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y que pone en marcha la primera anualidad de un programa que prevé movilizar 7.000 millones de euros durante los próximos años para reforzar la construcción de vivienda pública y protegida, impulsar la rehabilitación y facilitar el acceso a viviendas asequibles. Esta transferencia se produce en un momento en el que la vivienda se mantiene como uno de los principales problemas económicos y sociales de España, y el Ejecutivo plantea este plan como una de sus principales herramientas para intervenir ante la falta de oferta asequible, el encarecimiento de los precios y las dificultades de acceso que afrontan numerosos jóvenes, familias y trabajadores.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha activado también el trámite de audiencia e información pública de la Orden Ministerial que regulará los mecanismos de seguimiento, evaluación y suministro de información del plan, con el objetivo de establecer un sistema que permita evaluar, de forma periódica, cómo se ejecutan las inversiones y cuál es el grado de cumplimiento de los objetivos previstos para el periodo 2026-2030. Según el Ministerio, el seguimiento se traducirá en la elaboración de informes trimestrales y anuales. Así lo ha comentado la titular de Vivienda, Isabel Rodríguez , que ha destacado que esta primera anualidad permitirá avanzar frente a la crisis de la vivienda mediante el impulso de más vivienda pública y protegida y el refuerzo de los mecanismos de transparencia. La financiación prevista para el conjunto del plan se repartirá entre el Gobierno y las comunidades autónomas: el Estado aportará el 60% de la inversión total, mientras que las autonomías asumirán el 40% restante, con un modelo de colaboración institucional en el que la capacidad de las comunidades autónomas para ejecutar los proyectos, movilizar suelo y poner en marcha las diferentes actuaciones será determinante para que la inversión se materialice adecuadamente.

Los tres pilares en torno a los que gira el Plan Estatal de Vivienda son la construcción, la rehabilitación y las viviendas protegidas. Del total de 7.000 millones de euros previstos, el 40%, unos 2.800 millones, deberá destinarse a la construcción de Vivienda de Protección Oficial . El objetivo del Ejecutivo es que estas viviendas mantengan su protección de manera permanente, y no con límite temporal, como en las legislaciones vigentes actualmente. Mediante este matiz, se busca evitar que las promociones financiadas con recursos públicos puedan pasar posteriormente al mercado libre , como ha ocurrido en otros periodos con parte de la vivienda protegida construida en España.

El segundo gran bloque de inversión será la rehabilitación. El 30% de los recursos, unos 2.100 millones de euros , se destinará a mejorar el estado y la eficiencia energética de las viviendas.