El PP se aparta del caso Azud y evita acusar al entorno de Rita Barberá

El PP se retira como acusación particular del caso Azud al borde del juicio oral.

La titular de la plaza número 13 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valencia dictó hace unas semanas el auto en el que procesaba a 38 personas por presunta corrupción.Entre los encausados en esta supuesta trama de mordidas millonarias en contratos públicos del Ayuntamiento de Valencia y de otros municipios, están los exconcejales populares en la capital Alfonso Grau y Jorge Bellver; un cuñado -José María Corbín- y tres sobrinas de la que fuera alcaldesa de la ciudad entre 1991 y 2015, Rita Barberá.También el exportavoz socialista en la misma corporación y más tarde subdelegado del Gobierno en la provincia Rafa Rubio, varios empresarios y funcionarios.

El abogado Corbín, junto al empresario Jaime Febrer, estaría en el centro de la trama.MÁS INFORMACIÓN noticia Si La juez del caso Azud procesa a 38 investigados: del número 2 de Rita Barberá al exsocialista Rafa RubioPor tanto, tras una década de investigación, solo la Fiscalía ejercerá la acusación, según avanzado El Español.

Desde el PP, personados desde 2023, cuando empezaron a revelarse la posible financiación irregular del PSPV-PSOE, consideran que la acción del Ministerio Público es ahora suficiente.

Evitan, de este modo, el choque con el entorno de la exalcaldesa y con sus excargos.Aunque la juez sí incluye en su auto el pago de actos electorales de los socialistas por parte de empresas de la trama y a cambio de adjudicaciones, los hechos estarían prescritos y en ese momento -2007- no existía el delito de financiación ilegal.

Por ello, el procedimiento quedó sobreseído para el extesorero de los socialistas valencianos Pepe Cataluña y otros empresarios señalados.En un comunicado, el portavoz del PP en las Cortes Valencianas, Nando Pastor, ha señalado que los hechos que motivaron su personación «están ya recogidos en el auto y los posibles delitos de los cargos de primer nivel del PSPV han sido declarados prescritos», por lo que «mantener una acusación contra quien ya no puede ser juzgado no tiene ningún sentido jurídico».Pastor ha defendido que «la acción popular no es un arma electoral» y que retirarse ahora «es un ejercicio de responsabilidad». «Desistir no es renunciar.

Es reconocer que la Justicia ha hecho su trabajo» ha subrayado.«El caso sigue exactamente igual, nuestra retirada no cierra el procedimiento ni impide el juicio.

El Ministerio Fiscal continúa en la causa y quien tenga que responder ante la Justicia lo hará con o sin nosotros.

Quien tenga que sentarse en el banquillo se sentará igual», ha zanjado.