La Fiscalía pide 25 años de cárcel para los manifestantes que incendiaron un furgón de la Urbana con un agente dentro

La Fiscalía pide 25 años de prisión para cada uno de los nueve manifestantes que, durante una protesta en Barcelona tras el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel, en febrero de 2021, prendieron fuego a un furgón de la Guardia Urbana, con un agente dentro.

Considera así el Ministerio público que se trató de una tentativa de homicidio, un delito de atentado continuado, desórdenes, daños y manifestación ilegal.

En su escrito, consultado por ABC, la fiscal recuerda que, en el marco de las movilizaciones después de que Hasel ingresase en prisión, los ocho procesados -todos italianos, excepto dos mujeres, una francesa y otra española-, ataviados con ropa oscura, se taparon el rostro con pasamontañas para evitar ser identificados y, el 27 de febrero de 2021, tras vandalizar entidades bancarias durante el recorrido de la manifestación convocada en la capital catalana, cuando llegar a la Rambla, a la altura de la comisaría de la Urbana, sobre las 19.30 horas, comenzaron a arrojar objetos contundentes -adoquines, piedras y botellas de cristal- contra la línea policial y los furgones.También «artefactos incendiarios», recuerda la Fiscalía.

Fue así como uno de ellos provocó un fuego muy cerca de uno de los vehículos de la Urbana, en cuyo interior se encontraba un agente.

Tras ello, una mujer a la que no se ha podido identificar, pero que formaba parte del grupo ahora proceso, procedió a «avivar el fuego» con líquido inflamable para que alcanzase el furgón, que fue lo que finalmente ocurrió, «comenzando a quemarlo por el lateral central y trasero, donde se hallaba el depósito de gasolina».

La botella que contenía ese líquido se la había entregado minutos antes uno de los ahora procesados, A.

F., precisa el escrito, que también indica que otro sujeto intentó abrir la puerta del furgón, procediendo el agente a bajar los seguros para evitarlo.

Recuerda la fiscal que todos los integrantes del grupo de alborotadores sabían, por tanto, que en su interior había un funcionario -al que se veía a través de la ventanilla- y, a pesar de ello, decidieron rociarlo con líquido inflamable y quemarlo, poniendo en peligro su vida.

Finalmente, consiguió salir sin sufrir daños.

Además de las penas de prisión, la fiscal solicita para ellos más de 11.000 euros en multas, e indemnizaciones de casi 700.000 por los desperfectos causados en las entidades bancarias, la tienda de ropa y el hotel que vandalizaron durante su recorrido.