Ayuso alerta de que el Gobierno pone en riesgo 26.000 millones en centros de datos en Madrid

El real decreto que prepara el Gobierno sobre la regulación de los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental, resiliencia y soberanía digital aplicables a los centros de datos desata las críticas en la Comunidad de Madrid.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso , ha puesto la primera piedra del centro de procesamiento de datos de Nabiax en Alcalá de Henares y ha aprovechado la ocasión para posicionarse al lado del sector y contra el Ejecutivo.La dirigente ha confirmado que han presentado alegaciones contra el real decreto, igual que han hecho otras regiones, así como multitud de empresas, para tratar de reformular la normativa, que ha desatado las críticas desde todos los ámbitos por las exigencias que impone al sector, especialmente en materia energética, y porque no afecta solo a nuevas inversiones sino también a proyectos que llevan años desarrollándose e invirtiendo bajo el marco regulatorio actual.«Estamos preocupados con esa persecución regulatoria en todos los ámbitos, en este caso hablamos del proyecto de real decreto por el que ahora, con carácter retroactivo, sin comunicación, sin debate y sin conocimiento se regulan esos requisitos aplicables a los centros de datos.

Porque estos requisitos que se han impuesto ahora artificialmente, lo que hacen es establecer condiciones que son imposibles de cumplir, primero porque es retroactivo, por tanto, primero se hicieron todas estas inversiones y luego se decidió que había que darle una vuelta.

Y, sobre todo, lo que está generando al final es incertidumbre en las inversiones», ha señalado Ayuso en el acto.La presidenta ha explicado que «esto perjudica especialmente a la Comunidad de Madrid, que somos líderes tecnológicos, pone en riesgo aquí de 26.000 millones de euros de presupuesto y otros 14.000 puestos de trabajo se podrían ver comprometidos.

Al menos hay algo bueno, y es que el sector de la digitalización y de los datos se ha unido como nunca, están todos unidos y han aglutinado esas críticas que vienen desde todo el sector».En este sentido, la dirigente regional ha comentado que rechazan «que la saturación de la red se resuelva solamente limitando, en lugar de reforzar infraestructuras.

En lugar de dar más libertad se quita, y eso nunca ha funcionado».

Al mismo tiempo, ha hablado de inseguridad jurídica también por ese efecto retroactivo y ha lamentado que el Gobierno convierte a España «en un lugar poco fiable para invertir» .Rechazo de la patronalAsí las cosas, este real decreto ha levantado en armas a todo el sector, representado por la patronal SpainDC . «No estamos ante una obligación aislada; la suma de requisitos puede convertir esta regulación en un veto al sector.

El diseño es inviable», dijo Emilio Díaz, presidente SpainDC, hace escasos días.