El Gobierno abre el curso político con ocho leyes clave todavía pendientes

El Congreso de los Diputados se prepara para recuperar su actividad ordinaria el próximo 1 de septiembre después del parón estival.

La vuelta a las sesiones plenarias dará comienzo al último curso político de la legislatura, un periodo en el que el Gobierno central tendrá que acelerar la tramitación de varias iniciativas que llevan meses bloqueadas y tratar de alcanzar acuerdos con sus socios parlamentarios para completar una parte importante de su agenda legislativa.

Entre las principales normas pendientes figuran la Ley de Familias, la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, la Ley de Información Clasificada, la Ley del Cine y la protección de los menores en entornos digitales.

A ellas se suman otras iniciativas relacionadas con la sanidad pública, el consumo de alcohol entre menores y la libertad de expresión.

El escenario parlamentario, marcado por la fragmentación y por la necesidad de negociar prácticamente cada iniciativa, explica buena parte de los retrasos.

Algunas de estas leyes se encuentran paralizadas en la fase de enmiendas, mientras que otras ya han superado varios trámites y se encuentran más cerca de su aprobación definitiva.

Uno de los casos más significativos es la Ley de Familias, que permanece en fase de enmiendas desde marzo de 2024.

El proyecto pretende reconocer y proteger los distintos modelos familiares, incluidas las familias monoparentales y las familias LGTBIQ+, además de ampliar medidas de apoyo y conciliación.

Aunque la tramitación parlamentaria permanece pendiente de desbloqueo, el Gobierno ha ido aplicando algunas de sus principales medidas mediante reales decretos ley.

Entre ellas destaca la ampliación del permiso por nacimiento y cuidado de menores hasta las 19 semanas, una de las medidas de conciliación que formaban parte de la hoja de ruta del Ejecutivo.

Una reforma de la ley mordaza pendiente de acuerdos También sigue pendiente la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como ley mordaza, que debería sustituir a la norma aprobada por el PP en 2015 y que continúa vigente 11 años después, pese al rechazo unánime de la izquierda.

Se trata de una de las iniciativas cuya tramitación se encuentra más avanzada, aunque lleva más de un año varada en el Congreso.

El Gobierno pactó con EH Bildu y ERC reactivar la reforma a finales de 2024 y, en un primer momento, el texto fue superando distintas etapas parlamentarias a buen ritmo.

Sin embargo, el impulso inicial se frenó.