Cambio climático, sequía y el abandono del campo

La sequía vuelve a poner al campo español ante el espejo de una realidad que ya no admite excusas: cuando llega la escasez de agua , la agricultura y la ganadería, el eslabón más débil de la cadena productiva paga el precio más caro.

Como publica este diario, este verano, la cosecha de cereal ha caído un 35 por ciento respecto al año pasado, mientras el gasóleo agrícola se ha encarecido un 36 por ciento y los fertilizantes cerca de un 20 por ciento.

En el norte, las lluvias han llegado a reducirse entre un 40 y un 80 por ciento, dejando sin pastos a explotaciones ganaderas que han tenido que echar mano de las reservas destinadas al invierno.

No es una catástrofe abstracta: son explotaciones que dejan de ser rentables, tierras que dejan de cultivarse y pueblos que pierden población.Lo más preocupante es que no estamos ante un fenómeno completamente imprevisible.

Los estudios meteorológicos llevan tiempo alertando de la llegada de El Niño.

Resulta difícil aceptar que la respuesta de las administraciones consista, una vez más, en descubrir la sequía cuando ya está causando problemas al agricultor.

Mientras el cambio climático se utiliza como un cansino chivo expiatorio para explicar prácticamente cualquier dificultad, y mientras la llamada emergencia climática sirve para justificar nuevas restricciones, impuestos, burocracias y polémicas ideológicas, no se ponen al servicio del país las herramientas más elementales para afrontar sus consecuencias.

Si el clima está cambiando , habrá que adaptar España a ese cambio.

Y eso significa garantizar agua allí donde sea posible, mejorar las infraestructuras hidráulicas, almacenar cuando llueve, modernizar los regadíos, aprovechar mejor los recursos disponibles y proporcionar al campo un margen económico que le permita atravesar los años malos.

La sequía no se combate con catastrofismo climático, sino con política de Estado.La burocracia que consume tiempo y recursos e impera una competencia exterior que obliga a nuestros productores a competir con alimentos sometidos a regulaciones más laxas.

También hace falta un colchón económico para las épocas de carestía.

Hay que diseñar mecanismos de seguro, financiación y compensación que permitan resistir los ciclos malos sin que cada episodio adverso expulse a miles de agricultores del campo.Lo sucedido en 2022 y 2023 debería haber servido de advertencia.

Entonces se perdieron más de 424.000 hectáreas de cereal.

Ahora el riesgo vuelve a aparecer, agravado por el encarecimiento de la energía y los fertilizantes y por unos precios del grano que no compensan el incremento de los costes.