Revelaciones en cámara lenta

Defender a Andrés López Beltrán no ha sido algo que haya podido hacer la presidenta Claudia Sheinbaum con facilidad y disposición.

Al contrario.

López Beltrán, hijo del mentor de Sheinbaum, y su jefe político, Andrés Manuel López Obrador, ha sido una pesadilla con la que ha tenido que lidiar para evitar un choque con el expresidente, que en este momento de su vida ha dado señales de que lo que más le interesa es evitar que ninguno de sus tres hijos –o él mismo– sea sujeto de un proceso penal en México y cuidar que alguno de ellos no termine en la corte federal de Manhattan.

La cancelación de la visa de Andy, el segundo de sus hijos y el más involucrado en la política, es la antesala para que, en función de los intereses estratégicos en Washington, sea acusado de un delito que amenaza la “seguridad nacional”, razón de la revocación, que significa que lo están investigando por asuntos que tienen que ver con crimen organizado y terrorismo.

La decisión causó turbulencia en la ‘4T’ y agudizó sus contradicciones, frente al enojo en Washington por la impunidad que le otorga el gobierno a morenistas sospechosos de lazos criminales.

Sheinbaum fue puesta una vez más en una situación incómoda y de desgaste personal por no confrontarse con López Obrador.

Sigue pagando los costos de blindar al gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, y ahora López Beltrán, de quien no tienen duda en la Presidencia de que lo están investigando por el contrabando de combustible, y que junto con el secretario de Educación, Mario Delgado, y el coordinador de asesores, Jesús Ramírez Cuevas, estaban en una lista de la que fue informado el gobierno en febrero pasado, por sus presuntos vínculos con el contrabando de combustible y con el crimen organizado.

El tema del contrabando de combustible surgió como un asunto relevante en marzo de 2025, cuando autoridades federales aseguraron en el puerto de Altamira, en Tamaulipas, el Challenge Procyon, un buque tanque con 10 millones de litros de diésel de contrabando.

Cuatro meses después, el embajador de Estados Unidos, Ron Johnson, le pidió que atendiera el huachicol fiscal.

Sheinbaum se defendió con la enumeración de acciones emprendidas, pero el embajador le respondió que no era suficiente, que los detenidos eran de bajo perfil, y que no había acciones para desmantelar las redes de complicidad dentro de su gobierno y entre empresarios.

Sheinbaum no tenía en el radar la posibilidad de que Andy estuviera metido en ese negocio, pero ya había estado recibiendo presiones desde junio de ese año de López Obrador para saber si sus hijos Andrés y José Ramón estaban en la lista para revocar las visas de 96 políticos, empresarios y artistas sobre la que días antes le había informado el entonces canciller, Juan Ramón de la Fuente.