Necesaria convención hacendaria para revisar el federalismo fiscal

La distribución de participaciones federales a estados y municipios es un tema que desde hace años se ha trabajado, que llegó incluso hasta la Convención Nacional Hacendaria durante el gobierno de Vicente Fox, encabezada por la Secretaría de Hacienda con buenos resultados y una participación intensa de estados y municipios.

Desde entonces se observaba un rezago histórico del gasto público: concentración del ingreso y la riqueza, déficit de empleo formal, crecimiento del sector informal, desigual desarrollo regional, pobreza, rompimiento de cadenas productivas y ausencia de políticas de fomento industrial, entre otros.

Previo, ya había algunas fortalezas como la desaparición de numerosos impuestos especiales entre 1980 y 1990, que compensaba parcialmente la regresividad de impuestos indirectos como el IVA, así como tasas competitivas en el ISR, el régimen de pequeños contribuyentes, el subsidio fiscal a menores ingresos y la despetrolización del comercio exterior.

En su libro “El fin del trabajo”, Jeremy Rifkin señala que la implementación del IVA para financiar la renta básica presenta desventajas, siendo la principal su carácter regresivo.

En su obra analiza las desventajas que tendría la aplicación del IVA para conseguir los fondos necesarios a fin de proporcionar ingresos a los millones de trabajadores desempleados en países como Estados Unidos.

Un impuesto sobre los productos vendidos afecta de manera desproporcionada a los grupos de menor poder adquisitivo y de menores ingresos, en especial si se aplica sobre productos básicos como alimentos, ropa, vivienda y cuidados médicos, particularmente, como hemos observado, es el talón de Aquiles de las clases menos protegidas.

El IVA también aplica mayores cargas impositivas sobre los pequeños negocios, que son menos capaces de absorber y amortizar los costos, lo que deriva en evasión fiscal o en reducción de los ingresos de esta naturaleza.

Muchos países han reducido sustancialmente, e incluso eliminado, la naturaleza regresiva del impuesto sobre el valor agregado no aplicándolo sobre productos básicos y pequeños negocios (Rifkin, 1996).

Hoy hay una reducción en las participaciones de estados y municipios.

Cada estado tiene su propio sistema de distribución, y desde hace 8 o 10 años era imperativo revisar esas fórmulas, pues algunos resultan más afectados que otros; nada se ha hecho al respecto.

Las debilidades de siempre persisten: recaudación insuficiente, peso excesivo de impuestos indirectos, mala distribución de la carga fiscal, petrolización de los ingresos, baja aportación del comercio exterior.

El tema más espinoso ha sido el papel del Estado en la economía.