De puertos a algoritmos: la inversión extranjera tech entra al filtro de seguridad nacional

Una empresa mexicana desarrolla sistemas de inteligencia artificial y un fondo extranjero busca comprar 60% de sus acciones.

Hasta ahora, la Ley de Inversión Extranjera no identifica expresamente esa tecnología como un asunto de seguridad nacional.

La iniciativa de reforma de la presidenta Claudia Sheinbaum cambiaría el escenario, siempre que la compañía también supere el valor de activos que establezca la autoridad.

El porcentaje no es nuevo, pues la legislación vigente ya exige una resolución favorable de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE) para determinadas participaciones superiores a 49% y para adquisiciones que rebasen el umbral económico fijado por la propia Comisión.

También existe la facultad de impedir adquisiciones por seguridad nacional.

El problema es que el artículo 30 la concentra en una sola frase, sin establecer sectores, parámetros ni un procedimiento para ejercerla.

Nuevos activos estratégicos El mayor cambio para el sector privado está en actividades que la ley actual no menciona expresamente: inteligencia artificial, robótica, semiconductores, ciberseguridad, tecnologías cuánticas, nanotecnología, biotecnología y almacenamiento de energía.

La lista también incorpora infraestructura física o virtual para tratar y almacenar datos, acceso a información sensible y productos de doble uso, es decir, desarrollos civiles que pueden tener aplicaciones militares, de inteligencia o vigilancia.

La seguridad nacional dejaría así de concentrarse en activos físicos para extenderse a algoritmos, chips, redes digitales y datos personales.

Otros sectores incluidos, como energía, transporte, minería, puertos, aeropuertos, comunicaciones y defensa, ya tienen reservas, límites de participación o autorizaciones en la legislación vigente.

La iniciativa no los regula por primera vez, pero añade otra capa: examinar el riesgo que implicaría colocar una empresa o sus activos bajo control extranjero.

La reforma no solo amplía aquello que México considerará estratégico, también modifica la integración de la CNIE: Defensa, Marina y Seguridad se sumarían como integrantes con voto.

Cuando se analicen asuntos de seguridad nacional también participarían, con voz pero sin voto, el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General de la República, el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera.

La decisión seguiría en manos de la Comisión, pero el análisis incorporaría información de inteligencia, seguridad y fiscalización, además de los criterios económicos tradicionales.