La soberanía como pretexto

A menos de ocho meses de la jornada electoral en la que se renovarán más de 19 mil cargos de gobierno y representación, los partidos políticos, encabezados por Morena, han comenzado a definir candidaturas, aun cuando los plazos legales no lo permiten y ante la mirada de las autoridades electorales.

Paralelamente, se perfila la narrativa con la que buscarán posicionarse ante el electorado y descalificar a sus adversarios.

En Morena, una vertiente adquiere cada vez mayor visibilidad: la defensa de la soberanía nacional.

Ese fue el eje articulador del discurso de Claudia Sheinbaum con motivo de su Segundo Informe de Gobierno desde Palacio Nacional, durante su recorrido por las 32 entidades, hasta su culminación en el Zócalo capitalino el 27 de septiembre.

El llamado encaja en la lógica polarizante que ha caracterizado al lopezobradorismo: reducir la complejidad política y social a una confrontación entre buenos y malos, como si la riqueza y diversidad de la sociedad admitieran semejante simplificación.

López Obrador recurrió sistemáticamente a la división entre liberales y conservadores y se atribuye la creación de una nueva corriente del pensamiento, el «humanismo mexicano», al que contrapone al neoliberalismo, categoría en la que agrupó a cuantos no coinciden con él.

Sheinbaum recupera ahora ese tono y ese método bajo el paraguas de la soberanía.

Lo preocupante no es únicamente el recurso demagógico, sino además su traducción en reformas constitucionales.

Dos resultan ilustrativas: la posibilidad de anular elecciones por injerencia extranjera y la exigencia de renunciar a una segunda nacionalidad para aspirar a la Presidencia de la República o a una gubernatura.

La primera fue aprobada el 2 de junio, justo dentro del plazo constitucional para modificar normas electorales con efectos en los siguientes comicios.

La segunda, aprobada recientemente, no será aplicable sino a partir de 2028.

Ambas comparten como sustento o pretexto a la soberanía y, en el caso de la doble nacionalidad, entra en tensión con derechos reconocidos desde 1998.

Por lo demás, el desempeño de un servidor público difícilmente puede juzgarse por la posesión de otra nacionalidad.

El problema es bastante más complejo.