La ruptura comercial entre Estados Unidos de América y Canadá: el riesgo de una Norteamérica bilateral

En el primer minuto del sábado 22 de agosto entraron en vigor los aranceles del 50 % que Estados Unidos impuso sobre 20 mil millones de dólares en productos canadienses.

La cifra, con ser considerable, apenas insinúa la dimensión de lo ocurrido: el año pasado ambos países se vendieron mutuamente bienes y servicios por 880 mil millones de dólares, casi el 72 % de las exportaciones canadienses tiene como destino el mercado estadounidense y cada día cruzan la frontera común mercancías por 2 mil millones.

Lo que se rompió el viernes por la noche en Washington fue una negociación; lo que quedó en entredicho es la manera en que dos aliados históricos administraron su vecindad durante ocho décadas.

La cronología merece registrarse con precisión, porque en ella está la enseñanza.

Durante la semana los equipos de ambos gobiernos trabajaron sobre términos que parecían acordados, y el propio presidente Trump extendió el plazo tres días para permitir que las conversaciones maduraran.

El miércoles, funcionarios canadienses describían un entendimiento que daría certidumbre, protegería al sector lácteo y preservaría condiciones comerciales favorables.

El viernes todo se deshizo.

El representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, sostuvo que Ottawa se negó a finalizar el acuerdo en los términos pactados; el primer ministro Mark Carney atribuyó el colapso a exigencias de último momento que calificó de injustas y económicamente inviables, y retiró a sus negociadores.

Al día siguiente pronunció una frase que dará la vuelta al mundo diplomático: reconocer que, a veces, la firma del socio está escrita a lápiz.

Canadá igualará los aranceles dólar por dólar a partir del 8 de septiembre, sobre acero, lácteos, maquinaria agrícola, electrodomésticos y electrónica.

Conviene decirlo con ecuanimidad: ambos gobiernos defienden posiciones que sus opiniones públicas consideran legítimas.

Washington persigue la repatriación de capacidad manufacturera, un objetivo que ha articulado con coherencia desde 2025; Ottawa protege su soberanía comercial y sectores que estima estratégicos.

Pero entre las exigencias que Carney rechazó, hay una que merece atención mucho más allá de la frontera norte: la pretensión de limitar la capacidad canadiense de firmar nuevos acuerdos comerciales con terceros países.

Ese punto no es un detalle técnico.