Contar, nombrar, castigar

Hace unos días, se publicó el último informe de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM), la organización civil que en 2015 pidió que se declarara en ese estado la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM).

En pocas palabras, es una revelación del mal funcionamiento del mecanismo.

El informe llega mientras se discute la Ley General de Feminicidio, iniciativa de la presidenta que busca hacer frente a la terrible realidad en nuestro país, en la que las mujeres son asesinadas solo por ser mujeres.

Una ley que, con retórica de campaña, promete cero impunidad.

El Congreso ya aprobó la reforma constitucional que la hace posible y el Senado prevé aprobarla antes del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Ahora bien, frente a la realidad del mecanismo y ante este compromiso tan ambicioso, conviene revisar las propuestas que se han hecho antes.

La primera fue en 2007, con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la que nace la AVGM.

La alerta es un conjunto de acciones de emergencia para territorios donde la violencia contra las mujeres se ha salido de control, lo cual se traduce en que, cuando un estado se muestra incapaz de proteger a las mujeres, recibe intervención de la Federación.

Pasaron ocho años para que se emitiera la primera en el Estado de México, en 2015, y cabe agregar que varias de las alertas que hoy existen se lograron por orden de un juez.

Al contrario de lo que se pudiera pensar, la alerta no es algo que solicitan los gobiernos locales, sino que llega cuando un estado ya incumplió las recomendaciones que se le hicieron.

Hoy hay 26 alertas en 23 entidades.

La segunda tiene que ver con la clasificación efectiva del delito de feminicidio.

Esta sucedió en marzo de 2015 cuando la Suprema Corte, al resolver el caso de Mariana Lima Buendía, estableció que toda muerte violenta de una mujer debe investigarse como posible feminicidio.

Once años después, en abril de este año, el propio Senado reconoció que entre 2018 y 2025 fueron asesinadas más de 26 mil mujeres en México y solo una de cada cuatro de estas muertes se registró como feminicidio.