Sí Rocha seguía, el problema era para los bancos

La decisión de Rubén Rocha Moya de solicitar permiso indefinido para separarse del cargo de gobernador de Sinaloa cambió el escenario político, pero también evitó que el sistema financiero mexicano tuviera que enfrentar uno de los casos más complejos que podía presentarse: cómo operar las cuentas y los recursos de un gobierno estatal cuando el titular del Poder Ejecutivo se encuentra, al mismo tiempo, incorporado a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

El supuesto es importante, porque el problema nunca fue solamente si Rocha Moya podía continuar jurídicamente como gobernador, sino qué habría ocurrido en la práctica con su relación con los bancos y con las operaciones financieras de un gobierno que necesitaba seguir funcionando y su titular es señalado por Estados Unidos como cooperante con el narco.

La UIF que tiene al frente a Omar Reyes Colmenares, informó el 18 de mayo de 2026 que incorporó a personas políticamente expuestas de Sinaloa a la Lista de Personas Bloqueadas como una medida preventiva administrativa derivada de reportes de instituciones financieras y de alertamientos relacionados con señalamientos de autoridades estadounidenses, precisando que esa inclusión no constituye una determinación definitiva ni acredita por sí misma responsabilidad penal.

Sin embargo, mientras una persona permanezca en esa lista, el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito obliga a las instituciones financieras a suspender inmediatamente los actos, operaciones o servicios con el cliente o usuario bloqueado.

Ahí es donde habría comenzado el verdadero problema para las instituciones financieras mexicanas si Rocha hubiera decidido permanecer en el cargo, como lo anunció previo al fin de semana.

Si bien, el bloqueo es individual y no significa que las cuentas del Gobierno de Sinaloa se hubieran congelado automáticamente, estar al frente de un Estado generaba un problema para los bancos, debido a diversas interpretaciones de las leyes, pero también al análisis de riesgo que generaba.

Es cierto que los recursos públicos pertenecen al gobierno y no al gobernador, por lo que las cuentas institucionales podrían haber continuado operando mediante funcionarios legalmente facultados, pero el problema habría aparecido cuando la operación financiera requiriera la participación directa de Rocha, ya fuera mediante una firma, una instrucción, una autorización o cualquier otra intervención que implicara proporcionar un servicio financiero colateral a una persona incluida en la Lista de Personas Bloqueadas.