Regularizar la tierra para proteger el patrimonio

En México, la tierra y los inmuebles representan mucho más que un patrimonio económico: son el resultado del trabajo de generaciones y, con frecuencia, el principal legado que una familia puede dejar a sus hijos.

Sin embargo, miles de propiedades en todo el país mantienen algún grado de irregularidad jurídica, situación que puede facilitar conflictos, fraudes e incluso despojos.

El problema tiene raíces históricas.

El artículo 27 de la Constitución de 1917 sentó las bases del régimen de propiedad y de la reforma agraria.

Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, el reparto agrario alcanzó una dimensión sin precedentes y consolidó el sistema ejidal.

Décadas después, la reforma constitucional de 1992 y la Ley Agraria dieron paso a mecanismos para otorgar mayor certeza a la propiedad social.

Entre ellos destacó el PROCEDE , programa mediante el cual se certificaron derechos ejidales y se titularon solares urbanos.

Por otra parte, el crecimiento de las ciudades generó asentamientos irregulares que dieron origen a programas de regularización.

La antigua CORETT , hoy INSUS , ha desempeñado un papel relevante en la regularización de terrenos y asentamientos humanos, buscando que sus poseedores puedan obtener certeza jurídica sobre sus inmuebles.

A pesar de estos esfuerzos, el problema persiste.

En la Ciudad de México y en otras entidades del país se han presentado casos de despojo y fraude inmobiliario.

En algunos casos, los delincuentes aprovechan propiedades abandonadas, sucesiones no tramitadas, escrituras que nunca fueron inscritas, información registral desactualizada o documentos deficientes.

Por ello, el Registro Público de la Propiedad constituye una herramienta fundamental de seguridad jurídica.

No basta con tener un documento que aparentemente acredite la propiedad: es necesario conocer los antecedentes registrales, verificar quién aparece como titular y revisar si existen gravámenes, embargos o cualquier otra limitación.