La decisión que Morena no explicó

Rubén Rocha Moya pasó 112 días fuera del gobierno de Sinaloa.

Regresó convencido de que el momento político había cambiado.

Llevaba un comunicado cuidadosamente construido: la Fiscalía General de la República (FGR) no había encontrado elementos para proceder en su contra; las acusaciones estadounidenses respondían a intereses políticos e injerencistas; el verdadero objetivo era dañar a la Cuarta Transformación.

Parecía el cierre de un episodio; treinta y cuatro horas después solicitó licencia indefinida.

Desde entonces, casi todas las explicaciones se han concentrado en el gobernador; muy pocas se han detenido en el comportamiento de Morena.

Y, sin embargo, quizá ahí esté la parte más reveladora de la historia.

Lo primero que hizo el partido no fue defender a Rocha ni descalificar el expediente estadounidense.

Afirmó que el regreso había sido una decisión personal; después vinieron Ricardo Monreal, los gobernadores morenistas y, finalmente, la presidenta Claudia Sheinbaum.

Ninguno puso en el centro de su mensaje las acusaciones del Departamento de Justicia.

Sheinbaum lo redujo a una fórmula que no admitía réplica jurídica: ningún interés personal puede estar por encima de los intereses del pueblo y de la nación.

Los gobernadores no hablaron de pruebas; hablaron de madurez y de responsabilidad.

El debate ya no era la investigación, era si resultaba pertinente que Rocha regresara.

Ese desplazamiento no es menor; cuando un sistema político cambia el objeto de la conversación con esa rapidez, casi nunca está respondiendo al expediente.

Está administrando sus consecuencias.