Justicia independiente, por Stalin González

X: @stalin_gonzalez La Asamblea Nacional aprobó, en primera discusión, el proyecto de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

La propuesta planteó elevar de 21 a 23 el número de integrantes del comité, con 11 representantes del Parlamento y 12 miembros provenientes de la sociedad civil.

Asimismo, se ha comentado retomar el proceso para la designación de nuevos magistrados en el propio TSJ, proceso paralizado tras los terremotos del pasado 24 de junio.

A primera vista, ampliar la participación de la sociedad civil puede representar un paso dentro de la recuperación institucional que Venezuela necesita.

Sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia no puede convertirse en un tablero de monopolio donde cada casilla responda a una negociación.

La composición de un órgano de esta importancia requiere planificación, criterios objetivos y una evaluación seria de las necesidades del sistema judicial.

La discusión principal tampoco puede reducirse al número de integrantes del comité.

La pregunta fundamental apunta hacia la independencia. ¿Quién garantiza que un magistrado pueda decidir conforme a la Constitución y las leyes? ¿Qué mecanismos existen para protegerlo frente a presiones políticas? ¿Qué condiciones permiten seleccionar a los profesionales más preparados para ejercer esa responsabilidad? Venezuela conoce las consecuencias del quiebre institucional, donde la afinidad política adquirió mayor peso que el mérito para la designación de funcionarios públicos.

Esa mezcolanza de desorden y malas prácticas nos llevaron a la crisis.

Por eso, la selección de magistrados debe anteponer la capacidad profesional, la trayectoria, la ética y la independencia en el centro del proceso.

La justicia necesita jueces que respondan a la Constitución y a la ley, con plena responsabilidad frente a la sociedad.

Si seguimos cometiendo los errores del pasado ¿Cómo pensamos avanzar? Para el ciudadano de a pie, la justicia debe aparecer cuando una familia busca proteger su patrimonio, cuando un trabajador reclama sus derechos o cuando un ciudadano enfrenta una decisión de la administración pública.

En cada uno de esos momentos necesita encontrar una institución que le ofrezca protección y certeza.

Lamentablemente, desde hace muchos años, los venezolanos no encuentran está certeza en sus instituciones judiciales.