De la «soberanía alimentaria» a la dolarización del consumo, por Omar Ávila

X e Instagram: @OmarAvilaVzla Si la memoria no perdona, tampoco lo hace la historia; a medida que pasa el tiempo se atan los cabos, se contrastan las promesas con los resultados y algunas paradojas terminan haciéndose evidentes.

Durante más de dos décadas, la producción de alimentos ocupó un lugar central en el proyecto político venezolano.

Bajo la bandera de la «soberanía alimentaria» se profundizó la intervención estatal en el campo mediante redistribución de tierras, empresas públicas, fundos y formas de propiedad social, controles de precios y una creciente participación del Estado en la producción y comercialización.

Es bueno recordar, que la intervención estatal en la agricultura venezolana no nació con el chavismo, ya en 1996 la FAO describía la política agrícola nacional como fuertemente intervencionista y proteccionista.

Lo que posteriormente cambió fue su profundidad, extensión y orientación política hacia un modelo que aspiraba a reducir la dependencia del capital privado y alcanzar mayores niveles de autosuficiencia alimentaria.

Más de veinte años después, el contraste con la realidad de 2026 merece ser examinado, ya que el resultado no puede resumirse diciendo que Venezuela pasó de ser autosuficiente a depender de las importaciones, porque esa autosuficiencia nunca existió plenamente.

La pregunta pertinente es otra: ¿qué ocurrió con un proyecto que convirtió la soberanía alimentaria en uno de sus principales objetivos? Dos productos fundamentales de la dieta venezolana ayudan a responder la interrogante.

En agosto de 2026, Fedeagro estimó unas 325.000 hectáreas sembradas de maíz.

Aproximadamente 200.000 corresponden a maíz blanco, con una cosecha cercana al millón de toneladas, cantidad que –según el gremio– permitiría abastecer durante unos diez meses el mercado de harina precocida.

El maíz amarillo, fundamental para la alimentación animal, cubriría apenas cinco o seis meses de la demanda nacional.

La fotografía, por tanto, es más compleja que la de un campo simplemente destruido: Venezuela mantiene una capacidad agrícola considerable, particularmente en maíz blanco, pero continúa necesitando importaciones para completar distintas cadenas de consumo.

Con el arroz ocurre algo similar.

En septiembre, Fedeagro calculó una oferta nacional cercana a 340.000 toneladas.

Al mismo tiempo, el gremio ha denunciado la entrada durante 2026 de más de 2,2 millones de toneladas de maíz y arroz importados, parte de ellas –según su presidente– favorecidas por exoneraciones arancelarias y fiscales.