Defensoría del Pueblo conforma mesa de seguimiento de apagones en el Zulia

La crisis eléctrica dejó de ser un problema que se mide solamente en horas de apagón. En el Zulia , la falta de energía también interrumpe el suministro de agua, daña alimentos y equipos, afecta la actividad comercial y pone en riesgo servicios esenciales. En ese contexto, la Defensoría del Pueblo recibió una propuesta que busca convertir las denuncias dispersas en un mecanismo de seguimiento institucional.

La defensora del Pueblo, Eglée González Lobato, recibió el pasado lunes 17 de agosto en su despacho al exalcalde de Maracaibo , Rafael Ramírez, acompañado por dirigentes políticos de Unión y Cambio, quienes expusieron la situación del Sistema Eléctrico Nacional en el estado Zulia. Durante el encuentro, González Lobato explicó que el organismo monitorea de manera permanente las denuncias, reportes e incidencias sobre fallas en los servicios públicos provenientes de los distintos estados del país.

Según explicó la funcionaria, ese seguimiento busca generar alertas tempranas ante la agudización de los problemas eléctricos y de otros servicios. La Defensoría también estableció canales de comunicación con la Mesa Zuliana por la Autosuficiencia Energética, representada por Ramírez, para recibir información técnica y conocer las propuestas elaboradas por gremios empresariales, colegios profesionales, universidades e instituciones civiles.

Un día antes de la reunión con la Defensoría, Ramírez había entregado un documento formal al organismo en Caracas para exigir respuestas ante la crisis eléctrica. Según reportó el diario La Verdad , el dirigente sostuvo que los z ulianos padecen más de seis horas diarias de racionamiento y solicitó la creación de una mesa de trabajo con responsables del Sistema Eléctrico Nacional .

Ramírez planteó que ese espacio debería establecer cuánto tiempo continuará el racionamiento, qué inversiones se realizarán en la infraestructura eléctrica regional y nacional y cuáles serán las garantías de suministro para hospitales, unidades de diálisis, comercios y empresas. También subrayó que la crisis ya constituye una vulneración de derechos humanos , porque afecta el trabajo, la educación y la atención sanitaria.

El exalcalde puso especial énfasis en los pacientes renales, quienes pueden enfrentar interrupciones o dificultades para recibir diálisis cuando las unidades carecen de energía estable. Para el dirigente, el problema no puede limitarse a una discusión sobre el servicio eléctrico: cuando un quirófano, un centro de diálisis o un comercio no puede operar por falta de electricidad , las consecuencias alcanzan otros derechos y actividades esenciales.

Las dificultades de generación no comenzaron con los sismos del 24 de junio. El 18 de junio, la intergremial del Zulia y el Colegio de Ingenieros de la entidad advirtieron que existía un déficit cercano a 300 megavatios porque el consumo regional superaba la generación local, según reportó Unión Radio .

Orlando Urdaneta, presidente de la Comisión Eléctrica Intergremial, reconoció entonces que se habían realizado reparaciones de turbinas, pero consideró que estas no habían sido suficientes.