ONU advierte que el aparato represivo de Venezuela sigue intacto tras captura de Maduro

Una investigación encargada por la Organización de las Naciones Unidas indicó este miércoles que el aparato de represión de Venezuela permanece en gran medida intacto, a pesar de una reducción de algunos abusos tras la destitución del expresidente Nicolás Maduro a principios de este año.

La evaluación, presentada ante el Consejo de Derechos Humanos por la misión independiente de determinación de los hechos, señala que la captura del exmandatario en enero provocó una caída en las detenciones motivadas políticamente a largo plazo y en los abusos relacionados, aunque advierte que esto no representó una ruptura fundamental con años de represión. «Las medidas de política adoptadas desde esa fecha siguen siendo parciales, condicionales y reversibles en el mejor de los casos», indicó la misión, añadiendo que un alejamiento de las formas más duras de persecución podría no constituir un cambio genuino ni sostenible.

El informe, que abarca desde septiembre del año pasado hasta julio, describe la intervención de Estados Unidos como una violación del derecho internacional, en medio de los cuestionamientos que pesaban sobre la administración anterior por las disputadas elecciones de 2024.

Entre los avances documentados, la misión destacó que la presidenta interina Delcy Rodríguez introdujo medidas que incluyen liberaciones de presos, la promulgación de una ley de amnistía y el cierre de El Helicoide, un centro de detención asociado durante mucho tiempo con abusos sistemáticos y tortura.

Asimismo, se observó que los grupos de la sociedad civil y figuras de la oposición han ganado un mayor margen para organizarse y criticar a las autoridades.

Sin embargo, los expertos independientes recalcaron que altos funcionarios vinculados a la represión del pasado continúan ocupando puestos clave en la estructura estatal.

Las agencias de seguridad, los servicios de inteligencia y las normativas utilizadas para restringir la disidencia no han sufrido modificaciones significativas.

El documento detalla que cientos de personas, incluidos opositores reales o percibidos por el Ejecutivo, siguen detenidas de forma arbitraria por razones políticas y continúan enfrentando duras condiciones carcelarias.

La investigación documentó denuncias de golpizas, descargas eléctricas, aislamiento prolongado y otros atropellos en prisiones de máxima seguridad como El Rodeo I y Fuerte Guaicaipuro.

Adicionalmente, el informe halló vínculos extensos entre el Estado y grupos civiles armados conocidos como colectivos, al afirmar que desempeñaron un papel clave en la intimidación de opositores con respaldo político, financiero y logístico de instituciones oficiales.