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¡Estatuto antiterrorista, otro paso más!

Analítica ·

Sus ventajas tienen, sin duda alguna, que el nuevo presidente de Colombia sea abogado.

Un ciudadano que ostente cualquier otra profesión, espontáneamente no se habría paseado por el hecho de que ante la transformación histórica que ha convertido a la insurgencia armada en crimen organizado se requiere un régimen legal que lo atienda y la instauración de uno ad hoc que lo penalice adecuadamente.

La alianza de los criminales con el terrorismo internacional, es otro hecho protuberante que requiere de normas específicas y de castigos ejemplarizantes.

Y todo el sustrato de operaciones económicas y financieras novedosas y modernas que sirven de sustento al entramado criminal, requieren igualmente ser seguidas, desmontadas y sancionadas con armas distintas a las del pasado.

Y ese es el caso en Colombia: las herramientas legales con que cuenta el país no están siendo suficientes para castigar el entramado de actividades ilegales ligadas al narcoterrorismo y al crimen organizado.

La razón no hay que buscarla demasiado lejos: el proceso de Paz Total iniciado y puesto en marcha en durante el periodo de gobierno pasado permitió tal cantidad de desmanes que el ordenamiento actual resulta insuficiente para combatir el universo de hechos ilícitos que crecieron, se diversificaron y se fortalecieron a la sombra de la administración de Gustavo Petro.

1398 acciones de terrorismo de diversa índole tuvieron lugar solo en el 2025 en el marco de la Paz Total.

Y es así como ese crecimiento desbordado de la delincuencia ha hecho imperativo formular y llevar a la aprobación del Congreso un marco jurídico novedoso para que el Estado pueda luchar contra la criminalidad en todas sus nuevas formas.

Eso es el Estatuto Antiterrorista.

Bajo la nueva presidencia, la fuerza pública colombiana ha retomado con decisión y apoyo las tareas de persecución y eliminación de las bandas criminales en todas sus formas y, en los recientes días, el mundo ha podido observar el notorio cambio del accionar estatal en este terreno y los éxitos que han estado protagonizando en la batalla contra estos grupos.

De la Espriella, en su estrategia comunicacional, lo ha informado con un detalle, fuerza y valentía encomiables.

El nuevo Estatuto va encaminado a eliminar la tolerancia, acelerar los procesos, endurecer las penas, diferenciar y castigar cada una de las nuevas formas de delinquir, recalificar los grupos, instrumentar el uso de novedosas formas de tecnologías, establecer mecanismos de control de criptoactivos , manejar mejor la información, establecer lazos entre las fuerzas públicas y usar la cooperación internacional para consolidar éxitos rápidos y sostenidos en la batalla contra viejas y nuevas maneras de delinquir.

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