ICE detiene a un profesional venezolano en Florida: su familia solicita apoyo
La incertidumbre migratoria en los Estados Unidos vuelve a golpear el entorno de una familia hispana.
Víctor González, un ciudadano venezolano, padre de familia y profesional universitario con siete años de residencia en el país, fue detenido por oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en el sur de Florida, un hecho que ha dejado a su núcleo familiar en una situación de vulnerabilidad económica absoluta debido a los altos costos de los procesos de defensa legal.
El arresto ocurrió el jueves 5 de septiembre en la localidad de Cooper City, en el condado de Broward.
Según relató su esposa, Loli de González, el ciudadano se disponía a abandonar el estacionamiento de un supermercado Walmart a bordo de su vehículo cuando fue interceptado y rodeado por cuatro agentes federales.
Luego del procedimiento en la vía pública, González fue llevado inicialmente al centro de detención temporal ubicado en Miramar.
Posteriormente, el martes 8 de septiembre, las autoridades migratorias ordenaron su traslado al Centro de Procesamiento de Detención de Krome, una instalación de alta seguridad operada por ICE en el condado de Miami-Dade, donde permanece recluido mientras se evalúa su caso.
La detención sucede en un contexto de persistente presión migratoria en territorio estadounidense, donde los procedimientos de control por parte de agencias federales se mantienen activos sobre la comunidad extranjera, afectando incluso a personas con un amplio historial de arraigo, trabajo y conducta civil intachable dentro de sus comunidades locales.
El peso económico de la defensa González y su esposa emigraron de Venezuela hace siete años con el propósito de establecerse y desarrollarse profesionalmente.
En su declaración, la cónyuge lo describió como un hombre honesto, trabajador y amigable que ha buscado salir adelante de manera íntegra junto a su familia.
Sin embargo, el inicio de este litigio migratorio ha generado un impacto financiero devastador para el hogar. «El impacto económico de los gastos judiciales, abogados, honorarios y fianza ha sido demoledor», manifestó Loli de González al exponer la realidad que enfrentan.
Campaña de solidaridad Ante la imposibilidad de cubrir los honorarios de la defensa privada y los montos requeridos para tramitar una posible fianza de liberación, la familia optó por abrir una campaña de recaudación de fondos a través de la plataforma GoFundMe.
5News agregó este resumen a partir del feed público del medio. La nota completa, con todo el contexto, está en elpitazo.net — el contenido pertenece a El Pitazo.
