La autonomía tutelada, por Rafael Uzcategui

Lo sucedido el 3E se ha evaluado de muchas maneras, desde ángulos políticos y económicos.

Quiero introducir un lugar diferente de análisis: ¿El inicio de una tutela amplió las posibilidades de participación ciudadana, en nuestro país, o ha generado nuevas restricciones para su ejercicio? La respuesta es más complicada que un simple «sí» o «no».

Sin embargo, si asumimos que cualquier camino a la redemocratización debería tener como protagonistas a los propios venezolanos, debería ser uno de los debates fundamentales del momento.

Comencemos por reconocer lo evidente.

Después del bombardeo y la detención de Nicolás Maduro y Cilia Flores se han producido cambios que, hasta antes de ayer, parecían improbables.

Personas que permanecían arbitrariamente detenidas han sido excarceladas, algunos medios de comunicación han recuperado espacios de pluralidad, determinados portales informativos han sido desbloqueados y algunas manifestaciones públicas han podido realizarse.

Negar estas novedades sería tan equivocado como exagerar su significación.

Como ha dicho la Misión de la ONU para Venezuela, el aparato represivo continúa intacto y el margen de tolerancia es limitado.

La ilusión estadística Sobre esto, advierto sobre una trampa en la manera como estamos evaluando estos cambios.

Con frecuencia se pregunta si estamos mejor o peor que antes del 3 de enero, como si ese fuera el punto de comparación adecuado.

No lo es, por lo menos si queremos evaluar la recuperación de los derechos de participación.

Después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, el país experimentó una situación extraordinaria de terrorismo de Estado, en palabras de la CIDH.

Aquella represión consiguió reducir drásticamente las posibilidades de organización y movilización ciudadana.

Comparar la situación actual con ese momento excepcional puede producir una ilusión estadística.