Del CLAP a Venezuela Alimenta: la misma mano sobre el plato, por Omar Ávila

En 2017 vimos como nunca en la historia reciente a gente comiendo de la basura, a nuestros conocidos perder peso mes tras mes, y a niños que no alcanzaban la talla que les correspondía al nacer e incluso correspondiente para su edad: la Encovi de ese año registró que seis de cada diez venezolanos habían perdido en promedio 11 kilos, y que más de ocho millones comían dos veces al día o menos.

Nueve años después, el 12 de octubre de 2026, Delcy Rodríguez intervino en el Foro Mundial de la Alimentación de la FAO, afirmando que los alimentos «jamás deberán convertirse en instrumento de presión o confrontación política», mientras su firma, como presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, está al pie de la Ley Constitucional de los CLAP de 2018.

La actual política alimentaria ha cambiado las herramientas, pero no la lógica de su implementación.

Entre 2016 y 2019 el poder controló la comida con expropiaciones, control cambiario y cajas repartidas contra un carnet.

Lo que viene no se diferencia mucho de lo anterior, ya que se puede controlar administrando el acceso al ingreso, al crédito, al precio de la cosecha, a la ley que viene y a la ayuda internacional.

La nueva Ley de Soberanía Alimentaria se anunció en Roma, no en Caracas y, según lo explicado ante la FAO, busca encadenar la economía comunal, los emprendedores y la gran industria agroalimentaria, asegurando seguridad jurídica sobre la propiedad de la tierra.

La promesa es notable viniendo de la misma ala gubernamental que expropió de 3,6 a más de 5 millones de hectáreas en un pasado reciente, y que en 2010 hizo lo propio con Agroisleña, que abastecía cerca del 70% del mercado de insumos agrícolas y financiaba a unos 20.000 productores.

El riesgo alimentario que no podemos correr es aprobar un pacto entre el poder y los grandes actores de élite, con lo comunal como fachada y el productor pequeño o mediano por fuera.

Y aquí, un indicio temprano: en el primer trimestre de 2026, la gran industria creció 13,5% mientras la pequeña se contrajo 6,2%.

Según Fedeagro, Venezuela tiene 12 millones de hectáreas aptas para la siembra y cultiva 2,4 millones, es decir, el 20%; el gremio señala como obstáculo principal la anulación del crédito agrícola; el 90% de los insumos es importado, sumando que el país todavía importa la mitad del maíz que consume.

En abril, Fedenaga denunció que la ganadería bovina había sido excluida de la cartera de créditos del gobierno para el agro.

En consecuencia, en 2026 ya no hace falta expropiar una finca, basta con decidir quién recibe financiamiento y a qué precio vende; el Estado ya no confisca; selecciona.

Entonces, quien controla el crédito y el precio decide quién sobrevive en el campo.