Provea presentó ante la Defensora del Pueblo exigencias prioritarias para rescatar el Estado de Derecho en Venezuela #22Sep

La organización Provea sostuvo una reunión con la Defensora del Pueblo, Eglée González Lobato y con miembros de su equipo, como parte de su agenda de incidencia por la reinstitucionalización del país .

Óscar Murillo, coordinador general de Provea y Marino Alvarado, coordinador de exigibilidad legal, presentaron un documento con un conjunto de exigencias prioritarias orientadas al rescate del Estado de Derecho , así como a la garantía del derecho a un nivel de vida adecuado, los derechos de los pueblos indígenas, la lucha contra la impunidad y la gestión transparente.

La comunicación subraya que la actuación de la Defensoría debe «apegarse irrestrictamente a la Constitución, la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo y los Principios de París».

«Urge una reforma profunda que vaya más allá de la designación de nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, con consulta amplia y participación efectiva de los distintos sectores sociales», señaló Provea.

Los representantes de la organización añadieron que «debe cesar la persecución por motivos políticos , completarse la liberación de detenidos políticos, revocarse medidas cautelares y decretarse el sobreseimiento y la libertad plena de los privados de libertad por razones políticas «.

Recalcaron la necesidad de revisar y derogar el marco jurídico «que criminaliza la protesta y la disidencia». En este sentido, se refirieron a la Ley contra la Delincuencia Organizada, Ley contra el Odio, Ley Libertador Simón Bolívar, Ley de ONG, estado de conmoción exterior, entre otros, así como a la Resolución N° 8610 que autoriza a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) a participar en el control de manifestaciones.

Entre las exigencias, remarcaron la urgencia de atender la prolongada crisis de los servicios públicos , reflejada en las fallas de suministro de agua y electricidad, así como velar por las garantías para el derecho a una vivienda adecuada , particularmente para las familias afectadas por el doblete sísmico .

Provea enfatizó que se ameritan de parte de la Defensoría acciones contra el abuso policial y militar , lo que incluye velar por el cumplimiento efectivo de la Ley contra la Tortura y la definitiva puesta en marcha de la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura.

Además, exigieron medidas que permitan prevenir y sancionar la desaparición forzada de personas. «También, debe contribuir a cumplir las medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre las cárceles Rodeo I y II , Tocorón y Yare , exigir el descongestionamiento de los centros de detención policiales y militares y proteger el derecho a la manifestación pacífica .

«Instamos a la Defensoría a desarrollar una colaboración permanente con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OCANUDH) y coadyuvar a la aplicación de sus recomendaciones», apuntaron.

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