«Necesitamos ver cambios», reclaman expertos de la Misión de la ONU sobre Venezuela

La Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela identificó a 12 personas señaladas de violaciones a derechos humanos o crímenes de lesa humanidad que siguen desempeñando cargos públicos o están en posiciones clave de poder La Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela reclamó este jueves 17 «cambios» en la situación de derechos humanos del país, en un momento donde, dijeron los expertos, existe la «oportunidad de avanzar hacia un cambio real» en esta materia. «Libertad total viene con liberaciones totales, ya hemos visto que estas medidas pueden ocurrir… Pero necesitamos ver cambios para que las detenciones arbitrarias por razones políticas no sigan siendo un fenómeno en Venezuela», expresó Alex Neve, uno de los expertos de la Misión, durante una rueda de prensa en Ginebra.

La Misión de Determinación de Hechos hizo público el miércoles dos documentos: un primer informe centrado en los abusos cometidos desde el año 2024 –marcado por las elecciones presidenciales– y un reporte especial sobre las violaciones cometidas por grupos civiles armados progubernamentales, mejor conocidos como «colectivos», así como los vínculos de estas estructuras con el Estado.

Ambos serán presentados públicamente ante el Consejo de Derechos Humanos este viernes 18 de septiembre.

Sofía Macher, presidenta de este mecanismo especial de la ONU sobre Venezuela, señaló que el país «tiene hoy la oportunidad de avanzar hacia un cambio real», pero aprovecharla requiere de «una hoja de ruta pública elaborada con la participación de las víctimas y la sociedad civil, con plazos e indicadores que permitan verificar las excarcelaciones, las reformas institucionales, la protección de las libertades y los avances en justicia».

Dijo que la comunidad internacional, que ha ido recuperando paulatinamente lazos diplomáticos y financieros con Venezuela luego del 3 de enero, «debe situar estos objetivos» en su relación con las nuevas autoridades.

Macher reiteró que «no hay indicios de una ruptura genuina y sostenible» del aparato represivo, pues las estructuras de organismos no han sido desmanteladas, tampoco se han resuelto «las preocupaciones de larga data sobre la independencia judicial» o se han tomado medidas que puedan dirigirse en este sentido.