El aparato represivo está intacto pese a cambios «incompletos» tras el 3 de enero: ONU

La Misión de Determinación de Hechos de la ONU sobre Venezuela puntualizó que los servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad del país «conservan esencialmente las mismas estructuras, políticas y prácticas».

Tampoco se han adoptado medidas para desarmar o desmantelar a los colectivos, «que han sido una fuente permanente de intimidación y violencia a nivel comunitario».

Desde el 3 de enero investigaron 64 nuevos casos de tortura de presos políticos en cárceles como El Rodeo I o el Fuerte Guaicaipuro Las estructuras que cimentan y han sido señaladas como responsables de la represión, graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad siguen intactas en Venezuela, afirmó este miércoles la Misión de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas, tras publicar un avance de su último informe y una investigación complementaria sobre el papel de los colectivos armados.

Aunque hubo una «disminución significativa» de las detenciones políticas de larga duración y de las desapariciones forzadas, relacionadas con el ataque militar estadounidense y captura de Nicolás Maduro el 3 de enero, las autoridades no han impulsado las reformas institucionales necesarias para garantizar una mejora «significativa y sostenida» sobre el estado de los derechos humanos en el país, sostuvo la misión de la ONU en su informe.

La Misión de Determinación, compuesta por los expertos Sofía Macher, Alex Neve y María Eloísa Quintero, revisó el periodo comprendido entre septiembre de 2025 y el 31 de julio de este año.

El informe centra su atención en los abusos cometidos desde el año 2024 –marcado por las elecciones presidenciales– y, además, se publicó un documento sobre las violaciones cometidas por grupos civiles armados progubernamentales, mejor conocidos como «colectivos», así como los vínculos de estas estructuras con el Estado.

Si bien las autoridades ordenaron la excarcelación de cientos de presos políticos y se ha permitido «un margen algo mayor» para las protestas y la participación de la sociedad civil, el espacio cívico aún se encuentra de facto restringido por leyes utilizadas para criminalizar la disidencia, que siguen vigentes, y periodistas y otros actores de la sociedad civil «siguen enfrentando obstáculos en su labor cotidiana». *Lea también: El Estado debe respuestas por el asesinato de los hermanos Landaeta desde hace 29 años La Misión de Determinación también puntualizó que los servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad del país «conservan esencialmente las mismas estructuras, políticas y prácticas».

Tampoco se han adoptado medidas para desarmar o desmantelar a los colectivos, «que han sido una fuente permanente de intimidación y violencia a nivel comunitario».