Calabozos del Cicpc operan como una red de cárceles paralelas, señala informe del OVP

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) documentó que 7.414 personas permanecen recluidas en 157 dependencias del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) a escala nacional.

Las estadísticas, presentadas este jueves 10 de septiembre mediante una transmisión web, revelan que las celdas concebidas para resguardar a los aprehendidos por un máximo de 48 horas registran actualmente un promedio de permanencia de 615 días por persona.

El informe expone cómo la desnaturalización de estos espacios somete a los ciudadanos a condiciones estructurales de hacinamiento incompatibles con los derechos humanos y los estándares internacionales sobre el tratamiento a las personas privadas de libertad.

Durante la presentación del balance, el director y fundador de la organización, Humberto Prado, cuestionó la inacción de los poderes públicos ante la mutación de las infraestructuras policiales en recintos de castigo.

“Los centros de detención preventiva diseñados exclusivamente para las estancias transitorias se han convertido en fosas de tortura y un hacinamiento, además de crítico, demasiado estrecho”, aseveró.

La investigación fue publicada este jueves en la página web de la organización y precisa que el retardo procesal crónico mantiene a 6.518 ciudadanos sin una sentencia firme, lo que representa el 87,9 % de la población total recluida en estos calabozos policiales.

El colapso del sistema judicial y la condena anticipada El registro levantado por el OVP evidencia la inoperatividad de los tribunales venezolanos, precisando que 2.481 privados de libertad llevan más de dos años estancados en estas celdas transitorias.

A este grupo se suman otras 1.810 personas que, de acuerdo con el conteo de la ONG, contabilizan entre uno y dos años de encierro ininterrumpido en instalaciones policiales que no cuentan con comedores, áreas de esparcimiento ni luz natural.

El OVP atribuye el origen de este estancamiento procesal a una política estatal que, desde hace más de una década, bloqueó los traslados regulares hacia los penales formales, tras la circular emitida por la entonces ministra penitenciaria, Iris Varela, donde se paralizaron las órdenes dictadas por los jueces, forzando a los calabozos policiales a asumir de facto las funciones permanentes de los internados judiciales.

“Aquí tiene que haber una reinstitucionalización del sistema de justicia en nuestro país y creo que la forma en que lo están haciendo siguen cometiendo equivocación tras equivocación”, indicó Humberto Prado.

Hacinamiento extremo y crisis de salud en las regiones El conteo realizado por el OVP muestra que el problema de la sobrepoblación no se presenta en todas las regiones del país por igual, sino que se concentra en el centro y occidente del país.