El expresidente Gallardón declara como testigo por la compra de una empresa colombiana de aguas hace 25 años

La fiscal pide cárcel por malversación para todos los exconsejeros del Canal de Isabel II que aprobaron la operación.

La causa penal comenzó a investigarse 15 años después de ocurridos los hechos.

Los beneficios generados por la firma superaron el precio de adquisición.

La Audiencia Nacional comienza a juzgar el caso Lezo, sobre el Canal de Isabel II, diez años después El Canal de Isabel II, propiedad de la Comunidad de Madrid, adquirió en 2001 por 73 millones de dólares el 75% de las acciones de Inassa, una empresa colombiana de aguas que atesoraba una concesión importante en el municipio de Barranquilla.

Inassa dio beneficios al Canal de Isabel II hasta 2020 muy por encima del coste de la operación de compra, financiada en parte con un préstamo de 50 millones de dólares.

La Fiscalía Anticorrupción acusa por malversación y prevaricación a todos los miembros del consejo de administración del Canal de Isabel II que aprobaron en su día la operación.

Muchos de ellos eran altos cargos del Gobierno regional presidido por Alberto Ruiz-Gallardón, pero también había sindicalistas, representantes de la oposición y de los municipios madrileños.

Entre los procesados por el juez se encuentran dos exconsejeros del Ejecutivo madrileño, Pedro Calvo (Medio Ambiente) y Juan Bravo (Hacienda), quienes supuestamente conocieron como consejeros del Canal de Isabel II que la valoración de la compañía era muy inferior –entre 19 y 29 millones de dólares– al precio pagado finalmente, según señala la Fiscalía.

Las defensas de los acusados lo niegan y presentan diversas auditorías previas a la compra que valoraban el precio de la empresa muy por encima del pagado realmente.

El relato de la fiscal anticorrupción está “plagado de manifestaciones obsesivas, infundadas, repetidísimas, puramente subjetivas y voluntaristamente acusatorias”, señala en su escrito el abogado de Pedro Calvo, ex consejero de Medio Ambiente en el Ejecutivo de Ruiz-Gallardón que ejerció como presidente no ejecutivo del Canal de Isabel II.

El tribunal que juzga estos hechos 25 años después de producirse, 10 años después de abierta la investigación penal y seis años después de terminada la instrucción, oirá este martes en declaración como testigo a Alberto Ruiz-Gallardón, presidente del Gobierno madrileño que aprobó la operación en 2001 y que estuvo unos meses imputado por el juez instructor.

Se trata de la primera causa del caso Lezo que se juzga en la Audiencia Nacional.

La batalla por la prescripción: una causa abierta 15 años después de los hechos Los abogados de todos los acusados han reclamado en primer lugar al tribunal que anule toda la causa al considerar prescritos los delitos investigados.

La investigación penal se abrió en noviembre de 2016 mientras que los hechos se remontan a noviembre de 2001.