El Gobierno pide al Supremo que permita el voto de la 'ley de nietos' de cara a las elecciones

La Abogacía del Estado ha pedido al Tribunal Supremo que levante la medida cautelar que pesa sobre el censo de la 'ley de nietos' y que permita votar a todos los nacionalizados al considerar materialmente imposible comprobar caso a caso antes de la celebración de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Los servicios jurídicos del Estado han contestado, a través de un escrito, al plazo de 48 horas que dio el alto tribunal a las partes para que presentasen las alegaciones que considerasen oportunas antes de decidir.

En ese mismo escrito, la Abogacía asevera que «si la imposibilidad material puesta de manifiesto» anteriormente «fijaba el 1 de enero de 2027 como lapso temporal razonable para poder certificar los 168.896 electores que pudieren verse afectados por la medida cautelar, obviamente esta imposibilidad material se acrecienta, por no decir que se confirma cuando ese lapso temporal se tiene que acortar al próximo lunes 12 de octubre».

En esta línea, la Abogacía incide en que la prohibición de voto afecta a un gran número de personas. «La Sala se encuentra en la necesidad de valorar, ponderar de forma proporcional, el sacrificio del derecho fundamental al sufragio activo que se está imponiendo, sin trámite de audiencia alguno, a 163.020 españoles», alerta.

Sostiene, sin embargo, que la «participación» de todos ellos «no tendría un impacto significativo en el resultado» de los comicios, en tanto que solo habría «14.120 potenciales votantes» del total de 163.020 mencionado. «Pero en la ponderación de intereses, ante el riesgo del sacrifico inmediato de un derecho fundamental, lo que debe primar es el ejercicio del derecho a participar», añade.

La Abogacía asegura, además, que «con mucha mayor razón debe ponderarse debidamente la aplicación de la seguridad jurídica si se pretende que ese sacrificio alcance a todos los inscritos» en el censo como pide Vox (356.920 españoles), «excediendo de lo pedido por el recurrente en su demanda». «Y suponiendo en la práctica, el desconocimiento del mandato del legislador», anuda.

El Tribunal Supremo se encuentra ahora en una difícil situación, pues tiene que tomar una decisión en tiempo récord sobre las medidas cautelares que acordó el pasado 10 de septiembre, paralizando las altas censales mientras se aclaraba si se llevaron a cabo de forma correcta.