Las mil y una quinielas con la fecha de las elecciones: los domingos que más suenan

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 16 de septiembre de 2026, en Madrid (España). EP.

La fecha de las próximas elecciones generales se ha convertido en una de las grandes incógnitas de la política española. Pedro Sánchez sostiene que su propósito es completar la legislatura y descarta, salvo que concurran circunstancias que justifiquen un “ adelanto técnico ”, una convocatoria precipitada. Pero entre la voluntad política y el calendario constitucional existe una zona de maniobra suficientemente amplia como para alimentar todas las quinielas.

La incógnita, por tanto, no es únicamente cuándo puede convocar el presidente, sino cuándo le resultaría políticamente más rentable hacerlo. Y ahí entran en juego varios factores: las elecciones municipales y autonómicas, el ciclo electoral europeo e internacional, la presentación de los Presupuestos Generales del Estado y hasta la conveniencia de evitar determinados periodos vacacionales.

El calendario constitucional ofrece una frontera nítida. La XV legislatura nació de las elecciones celebradas el 23 de julio de 2023. El artículo 68.4 de la Constitución establece que el mandato del Congreso se prolonga durante cuatro años, mientras que el artículo 42 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) determina los plazos necesarios para articular una convocatoria ordinaria.

Si el Ejecutivo decidiera llevar la legislatura hasta su máxima extensión sin una disolución anticipada, el procedimiento conduciría a unas elecciones el 22 de agosto de 2027, domingo. El itinerario jurídico obliga a conjugar el final del mandato con el plazo de convocatoria y los 54 días que deben transcurrir hasta la jornada electoral.

Es, en términos estrictamente legales, el último escenario posible. No significa, sin embargo, que sea el más probable. Una campaña electoral en pleno agosto tendría costes políticos y logísticos evidentes y se alejaría de la práctica habitual de situar las elecciones en fechas con mayor normalidad institucional y participación ciudadana.

La Constitución proporciona a Sánchez una herramienta decisiva para modificar ese calendario. El artículo 115 permite al presidente, previa deliberación del Consejo de Ministros, proponer la disolución de las Cortes y fijar mediante el correspondiente decreto la fecha de las elecciones.

No existe actualmente, según el marco descrito, un impedimento constitucional que obligue al Ejecutivo a esperar hasta el vencimiento de la legislatura. La decisión política puede adoptarse antes, siempre que se respeten las condiciones y plazos establecidos por la legislación electoral.

Ahí aparece el concepto utilizado por Sánchez: el “adelanto técnico”. No sería necesariamente una ruptura abrupta del fin de ciclo parlamentario, sino una manera de desplazar la jornada electoral unas semanas para evitar un calendario crítico en lo político y en lo jurídico, como ocurrió en las elecciones andaluzas del pasado 17 de mayo .