Ayuso deduce que el topo del ático salió de su consejería de Economía: de los nervios iniciales al señalamiento

El hermetismo y la solidez de los que ha presumido el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso afrontan su trance más amargo.

Lo que empezó como una maniobra patrimonial ejecutada bajo un estricto sigilo se ha transformado en un laberinto político e institucional de incierta salida.

La revelación de la compra de una residencia de lujo por 6,3 millones de euros en el céntrico distrito madrileño de Chamberí —articulada al margen del control ordinario de la Asamblea y del Consejo de Gobierno— ha sumido a la cúpula madrileña en un estado de nerviosismo sin precedentes, mutando la seguridad inicial en un cruce de reproches y señalamientos internos.

Del hermetismo inicial al pánico: la sombra de una filtración interna La filtración a El País a finales de julio desarticuló la estrategia del Ejecutivo regional.

La operación, conocida por una camarilla reducida a la mínima expresión —encabezada por la propia presidenta; su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez; el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín; y la titular de Economía, Empleo y Hacienda, Rocío Albert López-Ibor—, quedó expuesta antes de que el equipo gubernamental pudiera articular un relato público coherente.

En las últimas horas, la hipótesis del fuego amigo se ha consolidado en la Real Casa de Correos.

Las miradas apuntan con insistencia hacia el departamento de Economía.

Según informaciones reveladas por el periodista David Fernández, la brecha de información habría emanado directamente de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, alimentada por un severo malestar en determinados sectores del Partido Popular madrileño ante las posibles repercusiones legales y electorales del expediente.

Existe la convicción interna de que la derivación judicial de este escándalo podría erosionar de forma irreversible la mayoría absoluta de Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid.

Paralelamente, cobra fuerza la teoría de que el flujo informativo pudo alcanzar a la sede nacional del partido en la calle Génova, donde la custodia de los datos habría sido, en el mejor de los casos, negligente.

Las explicaciones del presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo, aludiendo vagamente a un "local provisional" para despachos, contrastan con la realidad documentada de una vivienda dotada de siete baños y concebida formalmente para el "alojamiento ocasional de autoridades".

Un expediente sumido en las sombras: la elusión de la Intervención Para materializar la transacción sin someterse a la fiscalización previa, el Gobierno autonómico optó por utilizar como vehículo a Planifica Madrid, una sociedad mercantil de entidad pública.