Italia quiere poner orden en el caos de sus 12.000 playas privadas: más transparencia y nuevas tasas

Italia presume de sus 8.000 kilómetros de costa , pero disfrutar de ellos no siempre es gratis. Mientras que en otras partes ir a la playa significa buscar un hueco en la arena, en Italia la experiencia suele ser muy distinta. Encontrar un espacio donde plantar la sombrilla sin pagar puede convertirse en toda una aventura. En amplios tramos del litoral, el acceso al mar está gestionado por empresas privadas, mediante concesiones públicas , que han transformado las playas en un negocio multimillonario. El resultado es una de las estampas más características del verano italiano: bosques interminables de sombrillas perfectamente alineadas, acompañadas de sus respectivas tumbonas, esperando a ser alquiladas por precios que pueden superar los 35 euros al día.

Este modelo, muy arraigado en el país y marcado por una gestión plagada de irregularidades, afronta una reforma que lleva años aplazándose a pesar de la presión de Bruselas para poner orden. Las playas gestionadas por concesionarios privados no han dejado de ganar terreno. Según la asociación ecologista italiana Legambiente, ocupan ya más del 42% de los arenales del país. El Ministerio de Infraestructuras rebaja esa cifra al 33%, una diferencia que se explica por el criterio utilizado para el cálculo: el Gobierno utiliza para sus cuentas toda la línea costera italiana y no únicamente las zonas aptas para el baño.

Desde hace décadas, las empresas, casi siempre familiares —las concesiones suelen heredarse—, pagan cánones relativamente bajos al Estado por explotar espacios públicos, mientras los precios para los usuarios han aumentado de forma exponencial. Las concesionarias gestionan los servicios como los baños, las duchas, los vestuarios, los aparcamientos, además del alquiler de sombrillas y tumbonas. También controlan los chiringuitos y cafeterías y se encargan de las labores de salvamento. Mientras que las zonas públicas suelen estar descuidadas, a menudo sucias, y desprovistas de servicios públicos.

Se trata de un asunto sensible que divide a la opinión pública italiana. Para unos, las playas de pago garantizan orden, limpieza y comodidad; para otros, representan la privatización de un bien público que debería ser accesible para todos. La principal crítica al sistema es la enorme diferencia entre lo que pagan las concesionarias por explotar las playas y los beneficios que obtienen. El Estado recauda entre 80 y 100 millones de euros al año por las concesiones, mientras que el sector, marcado por la opacidad, mueve más de 2.000 millones de euros anuales, según distintas estimaciones. El propio Tribunal de Cuentas italiano ha advertido de que los cánones abonados por los empresarios no suelen ser proporcionales a los ingresos que obtienen.

Uno de los aspectos más controvertidos del modelo italiano es que las concesiones se han renovado durante años casi por inercia. Sin concursos abiertos ni una competencia efectiva y sin controles ni transparencia, los mismos operadores han conservado la explotación de amplios tramos del litoral público durante generaciones, consolidando un sistema difícil de encontrar en otros países europeos.

Bruselas lleva años reclamando cambios.