La Junta Electoral debate cómo dar cumplimiento a la orden del Supremo sobre la ‘ley de nietos’

La Junta Electoral Central (JEC) se reúne este lunes para estudiar los autos con los que el Tribunal Supremo ha suspendido el derecho al voto de los nacionalizados por la Ley de Memoria Democrática , conocida como ley de nietos . La mayoría de los miembros de la JEC mantienen que no es su competencia discutir sobre el trasfondo de esa norma que permitió miles de nacionalizaciones de descendientes de exiliados por la Guerra Civil, que fue aprobada por el Gobierno y refrendada por el Parlamento hace cuatro años sin ser recurrida en sus plazos, y defienden que deben limitarse solo a resolver las dudas sobre cómo y en qué municipios deberían votar. Esa discusión ya se tuvo en su reunión de julio y se resolvió por nueve votos frente a cuatro. Los vocales propuestos por el PP defienden, en línea con la mayoría de la sala del Supremo, que la instrucción que flexibilizó las nacionalizaciones trasciende el contenido de la ley y que la JEC sí es competente.

No está claro qué decidirá este lunes la JEC en su cita extraordinaria en el Congreso de los Diputados. Tampoco hasta dónde llegará su debate sobre las repercusiones de la orden emitida esta semana por el Supremo para identificar las inscripciones en el censo electoral de quienes ya han conseguido la nacionalidad española acreditando que son descendientes de exiliados políticos respecto de aquellos que se han nacionalizado bajo el paraguas de la instrucción del Ministerio de Justicia que extendió la condición de exiliado a todos los españoles que salieron del país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955.

Fuentes de la JEC han indicado su pretensión de evitar una discusión sobre el fondo del asunto de la legalidad de esas nacionalizaciones y sostienen su tesis de la cita que ya celebraron sobre esta materia el pasado 16 de julio, donde la mayoría determinó que esa no era su función. Pero el contexto político ahora, tras la inédita intervención del Supremo, es otro.

El auto del Supremo ha generado un inmenso revuelo político y jurídico por suspender un derecho fundamental de decenas de miles de españoles y ha dejado en manos de la Junta Electoral la obligación de garantizar que esa insólita medida se lleva a efecto.