El Gobierno en alerta ante el rédito para Vox de la crisis en Ceuta: Abascal ya se disparó en las encuestas tras anunciarse la regularización de migrantes

Se ha alentado la hipótesis de un recorte en las ayudas a las entidades sociales basándose en las "alianzas con la ultraderecha" que el PP tiene en otras comunidades

En La Moncloa son conscientes del rédito que el partido de Santiago Abascal podría obtener en las urnas de la crisis de Ceuta alentado por su discurso antiinmigración. De hecho, el argumentario oficial de esta semana se ha centrado en alentar la hipótesis de un recorte de las subvenciones que reciben las entidades sociales de la ciudad autónoma que ayudan a las personas en situación irregular basándose en las "alianzas con la ultraderecha" que el PP tiene en otras comunidades para poder gobernar.

Según otro sondeo elaborado por Sigma Dos justo antes del cruce el 30 de julio de 80.000 personas desde Marruecos, la mayoría de los españoles -54,9%- estaba poco o nada de acuerdo con la legalización de la situación administrativa extranjeros residentes en España antes del 31 de diciembre de 2025. Aunque el mayor rechazo se situaba entre los votantes de Vox -90,6%- seguidos de los del partido de Alberto Núñez Feijóo -80,6%-, prácticamente uno de cada tres simpatizantes del PSOE -31,6%- también se mostraba en contra de un proceso en el que se han presentado 1.174.978 solicitudes .

Tras la avalancha de Ceuta, los líderes de 22 de los 27 países de la Unión Europea advirtieron en una carta conjunta liderada por Italia y Dinamarca que decisiones como la del Gobierno de Pedro Sánchez de dar papeles a un "número muy elevado" de inmigrantes pueden actuar como "factores de atracción". Además, vincularon esta crisis a la percepción de que la entrada irregular podría acabar convirtiéndose en una estancia legal y a la limitación de las llamadas devoluciones en caliente ratificada en una sentencia del Tribunal Supremo que se había notificado tres semanas antes de la llegada masiva por vía marítima de un número de personas equivalente a toda la población de la ciudad autónoma.

No fue hasta 14 días después de aquellas imágenes inéditas cuando el Ejecutivo reconoció implícitamente que su política de conceder autorizaciones de residencia legal con una vigencia inicial de un año puede llevar a más personas a intentar entrar en el país, bajo la confianza de obtenerla en el futuro. Lo hizo el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska , al advertir en una comparecencia ante los medios de comunicación: "Ninguna persona que entre o pretenda entrar en Ceuta de manera irregular se va a quedar en Ceuta, ninguno de ellos va a ir a la península, ninguno de ellos va a ser regularizado. Ninguno de ellos, lo vuelvo a repetir".

La inquietud en el equipo de Sánchez por el efecto movilizador que el discurso antiinmigración pueda tener electorado de la derecha se ha trasladado al repertorio oficial de los ministros, que en sus comparecencias públicas de este jueves se afanaron en tratar de asimilar al PP con Vox con el argumento de que es "absolutamente imposible distinguir" las políticas de uno y otro en esta materia.