Nueva York limita cooperación entre ICE y policías locales; busca frenar deportaciones de Trump

Nueva York vetó este martes por ley en todo el estado la cooperación entre los cuerpos de policía local y el Servicio de Inmigración (ICE) en los casos migratorios civiles con el fin de que los agentes no sean utilizados por el Gobierno de Donald Trump para "alcanzar sus cuotas" de deportaciones, según dijo la gobernadora, Kathy Hochul .

La gobernadora demócrata señaló que, con la entrada en vigor de la ley "Policía local, crímenes locales", ICE no podrá usar a los cuerpos de policía locales para ejecutar la "agresiva agenda migratoria" de Trump, sino que solamente asistirán a la agencia federal "si un delito real se ha cometido", algo que tanto ella como varios policías aseguraron era lo normal hasta hace poco.

Hochul argumentó que la policía local debe estar libre para "responder a casos en los que una persona rompe la ley, no para ir a una escuela, una iglesia o un Home Depot y ayudar a Stephen Miller (el asesor de Trump arquitecto de las políticas de inmigración) alcanzar sus cuotas".

Lee también Autoridades de EU liberan a padre de marino del USS Abraham Lincoln; había sido detenido por la Patrulla Fronteriza Por su parte, el jefe de Policía de Albany, la capital estatal, Brendan Cox, advirtió que la "confianza se erosiona cuando se pide a las fuerzas locales realizar acciones federales migratorias civiles".

"Cuando se rompe la confianza y los residentes temen llamar a la policía, las víctimas se callan, los testigos no hablan... todos estamos menos seguros", dijo.

Starting today, the Trump Administration can no longer use our locally-funded police to carry out their cruel immigration agenda.

Local cops should be focused on fighting local crimes.

Not aiding and abetting an $85 billion federal agency. pic.twitter.com/qxvdEd09JZ — Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) August 25, 2026 Cox aseguró que desde que comenzó su carrera en 1994, el cuerpo local que ahora dirige "nunca" se dedicó a casos migratorios civiles, y cuestionó, junto a otros colegas, la aplicación de los acuerdos de cooperación federal conocidos como 287(g) precisamente cuando el crimen ha bajado en los últimos años en sus localidades, según afirmaron.

La gobernadora señaló que la ley que entra en vigor ha prevalecido en los tribunales frente a demandas locales, aseguró que 60 de los 62 condados del estado en la práctica ya la cumplen, y desafió a las entidades locales que quieran retarla.