Sinaloa, Harfuch y el atiborrar celdas

La guerra en Sinaloa rebasó los dos años sin que se vea avance o mejora.

Los datos no mienten: la semana pasada fue la segunda más letal desde 2024.

El operativo del gobierno federal está ahí, prácticamente como ocupación militar. ¿Qué tan lejos está ese estado de la paz? Pues construyendo cárceles, como ahora se le ha ocurrido a Morena, no necesariamente más cerca.

El gobierno estatal anunció el 9 de octubre que Sinaloa tendría un nuevo penal.

Un día antes en el de Mazatlán hubo una riña con 10 muertos.

Cuando en voz de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad de Claudia Sheinbaum, llegó la confirmación de que la Federación apoyaba esa construcción, la cifra de víctimas por el desgobierno en el reclusorio mazatleco había subido a 12.

En Sinaloa hacen falta muchas cosas para salir del infierno. ¿Debería estar una nueva cárcel en las prioridades de la búsqueda de paz? Para responder esa pregunta es oportuno y hasta obligado citar a la doctora en antropología Elena Azaola en su reciente artículo de la Revista de la Universidad de México, cuyo tomo de julio-agosto está dedicado precisamente a las cárceles.

“En México las cárceles son, sin duda, uno de los desafíos más grandes para la seguridad y la justicia, un eslabón que, a pesar de desempeñar un papel crucial, nadie quiere voltear a ver”, dice la también investigadora del CIESAS.

“La mayoría piensa que los que están ahí se lo tienen bien ganado y casi nadie se preocupa por conocer esos espacios, por acercarse a ver cómo viven quienes, en los hechos, son tratados como desechables. ‘Que se refundan ahí el mayor tiempo posible’, suele ser la expresión más frecuente entre quienes dicen buscar justicia.

“La prisión nos ofrece múltiples paradojas (…) todo lo que sucede dentro no es sino una réplica, una manifestación amplificada y muchas veces grotesca de los conflictos y las contradicciones que caracterizan a una determinada sociedad. (…) Son un microcosmos capaz de revelar aquello que la sociedad pretende esconder”.

Por tanto, exponen las desigualdades del sistema de justicia: “Quienes se encuentran ahí no son necesariamente los delincuentes de mayor calado, sino una y otra vez jóvenes pobres de zonas marginadas.

La cárcel, lejos de reformarlos, acentúa y perpetúa su exclusión (…) No resulta exagerado afirmar que nuestro país no podrá alcanzar la paz mientras las cárceles continúen siendo espacios para quienes, en los hechos, son considerados enemigos desechables y a quienes, cotidianamente se denigra y degrada de su condición humana”.

Azaola recuerda además que alrededor de 100 mil personas duermen en las cárceles sin que se les haya probado su culpabilidad.

Quizá Harfuch, y el gobierno de Sinaloa, crean que no importa, que con sacar de la calle a presuntos delincuentes basta.