“Sin seguridad no hay producción”, alertan ganaderos tras exigir protección frente a las extorsiones

Caracas. Bajo el asedio constante de bandas armadas que imponen el cobro de extorsiones y despojan de sus bienes a las familias campesinas, el sector agropecuario venezolano se encuentra en un punto crítico.

La Federación Nacional de Ganaderos (Fedenaga) y diversos voceros del campo alertan que sin seguridad personal y jurídica no hay posibilidad de producción ni inversión, por lo que urgieron a la Asamblea Nacional y a los cuerpos de seguridad a frenar la impunidad que destruye el trabajo rural.

Aunque el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz reporta un descenso de la inseguridad en Venezuela en los últimos dos años, organizaciones independientes señalan que, pese a la reducción general impulsada por la migración y la reconfiguración criminal, las áreas mineras e industriales mantienen tasas superiores a los 30 homicidios por cada 100.000 habitantes.

El sector rural enfrenta este escenario mediante denuncias por abigeato (robo de ganado) e invasiones de tierras por parte de grupos armados que ejercen control territorial en diversas regiones del país.

En algunas zonas del sector pecuario, relativo a la cría de ganado, a estas dificultades operativas se suma la alerta por problemas sanitarios como la rabia bovina, una enfermedad viral infecciosa que afecta al sistema nervioso de los animales. Todo esto complejiza aún más el panorama para la producción.

Ante esta situación, productores y trabajadores del campo exhortaron a las autoridades a agilizar la aprobación de la Ley Penal para la Actividad Ganadera. El gremio concibe este instrumento como un primer paso imprescindible para garantizar la seguridad personal y jurídica, la protección legal sobre la propiedad y el trabajo, en las unidades de producción del territorio nacional.

Asimismo, solicitaron la intervención de la Fuerza Armada Nacional y de los cuerpos policiales para neutralizar a los grupos criminales que operan, según sus denuncias, con total impunidad.

Un productor agropecuario del estado Guárico, quien solicitó la reserva de su identidad por seguridad, denunció que la extorsión en las zonas rurales se ha convertido en una constante sin freno institucional.

El productor recordó que a principios de este año, Ricardo González, productor de Las Mercedes del Llano, fue secuestrado y asesinado por grupos armados al negarse a pagar extorsiones.

“A este compañero lo mataron por no ceder. En su momento hubo revuelo porque era una persona conocida y respetada en el sector. Pero nadie sabe a cuántos pequeños productores les han quitado la vida en silencio, o cuántas familias prefieren no denunciar para evitar males mayores”, lamentó.

El representante del gremio enfatizó en la urgencia de desarticular estas estructuras delictivas: “En Guárico, Zulia, Táchira, Mérida y Lara estamos desprotegidos. Necesitamos mayor seguridad y que se ponga fin a las bandas que destruyen nuestro trabajo”.

Con el objetivo de resguardar la inversión agrícola y estabilizar el abastecimiento alimentario, la junta directiva de Fedenaga exigió a las autoridades encargadas del Ejecutivo la restitución de la seguridad jurídica y el cese definitivo de las invasiones.