Alianza por la Libertad de los Presos Políticos exige cese del retardo procesal y atención médica urgente para los detenidos

La organización no gubernamental Alianza por la Libertad de los Presos Políticos se movilizó este jueves hasta la sede del Palacio de Justicia de Caracas para exigir la adopción de medidas administrativas inmediatas y la articulación entre los poderes públicos a fin de subsanar el severo retardo procesal que afecta a los detenidos por motivos políticos en el país.

Representantes de la ONG y familiares de los reclusos entregaron un petitorio formal dirigido al presidente del Circuito Judicial Penal de la capital, John Parody, solicitando celeridad en la fijación de audiencias y la tramitación oportuna de las solicitudes de libertad para civiles y militares.

Jessica Castro, activista del colectivo y familiar del detenido Gustavo Hernández, denunció que la inacción judicial agrava las condiciones de reclusión de aproximadamente 60 personas que padecen enfermedades crónicas, cuadros clínicos severos o discapacidades que comprometen su integridad física.

Asimismo, la vocera alertó sobre un patrón de desacato administrativo, asegurando que existen entre 36 y 40 boletas de excarcelación emitidas y firmadas desde hace varias semanas por los tribunales competentes que aún no han sido acatadas por las autoridades de los centros penitenciarios.

Según el último balance de la ONG Foro Penal , Venezuela contabiliza 322 presos políticos, de los cuales 308 son hombres, 14 mujeres, 182 civiles y 140 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Las acciones de calle de este jueves se suman a las denuncias presentadas a inicios de semana por el abogado Eduardo Torres tras la excarcelación del dirigente sindical Orlando Ramírez, quien fue puesto en libertad de forma irregular en una vía del occidente del país tras permanecer un mes detenido e incomunicado por protestar por mejoras laborales frente al Ministerio de Transporte.

"Solicitamos que se atiendan institucionalmente las dificultades que obstaculizan la tramitación oportuna de las peticiones de libertad y que se tomen acciones urgentes para atender a presos políticos con enfermedades graves que ponen en riesgo su vida", enfatizó la activista Jessica Castro desde el Palacio de Justicia.

El documento radicado ante el Poder Judicial enfatiza la urgencia de otorgar medidas cautelares sustitutivas de libertad o pases humanitarios para los privados de libertad cuyo estado de salud muestra un deterioro irreversible.

Paralelamente, defensores de derechos humanos acudirán ante la Fiscalía General de la República para interponer denuncias por detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas cortas, exigiendo que se investigue la cadena de mando responsable de la no ejecución de las órdenes judiciales de liberación emitidas en la capital.