Hacinamiento y falta de privacidad exponen a mujeres, adolescentes y niñas a riesgos en refugios

Caracas. Alrededor de 80 familias desplazadas por el doblete sísmico conviven en el refugio transitorio Ciudadela de Catia, en el oeste de la ciudad, entre fallas de infraestructura, falta de intimidad y una convivencia cada vez más difícil.

La falta de registros oficiales segregados por sexo y la escasez de baños seguros agravan la vulnerabilidad de las mujeres, mientras la angustia por la pérdida de pertenencias se suma a la incertidumbre sobre la asignación de viviendas.

A Romelia*, una adulta mayor de 77 años, se le trastocó la vida cuando perdió su rancho, una vivienda precaria construida con materiales ligeros, en el sector Casalta III, parroquia Sucre. Primero la trasladaron a un albergue en San Martín y, un mes después, la reubicaron en la avenida El Cuartel. En este recinto suma 70 días de estancia.

Aunque reconoce que la alimentación es variada, la seguridad es continua y cuenta con atención médica en el Centro de Diagnóstico Integral (CDI), un centro público de salud primaria, contiguo, la convivencia diaria es el mayor desafío.

Como mujer y abuela, la falta absoluta de privacidad y la obligación de compartir espacios comunes con más de 200 personas es lo que más impacta en su estado emocional. Ya no puede cocinar sus propios alimentos y depende de lo que puedan proveerle en el refugio. A veces le gusta la comida y otros días no. La rutina de aseo representa otro reto: todos los días procura levantarse muy temprano para aprovechar los baños recién lavados.

“Hay organización, nos atienden bien y el personal hace un esfuerzo para mantener la limpieza, pero ya en la tarde la gente deja los baños inmundos, es un desastre y no cuidan nada. Algunas madres no controlan a sus hijos, otros ponen el teléfono a todo volumen y no respetan, entonces surgen discusiones y se mete la policía para poner orden. Eso es lo más duro de quedar sin casa y perder todo, que hay que tener paciencia”, confesó a Crónica Uno .

La angustia de haber perdido todo se combina con la incertidumbre sobre el futuro. Aunque sus hijos completaron el censo en el Registro Único de Vivienda y finalizaron el proceso para solicitar un crédito, las autoridades le advirtieron que la prioridad de reubicación la tienen las familias procedentes de La Guaira.

Al respecto, hasta la fecha no se ha obtenido una postura o balance oficial por parte del Ministerio de Hábitat y Vivienda ni de los organismos encargados. Por eso resulta imposible contrastar estos criterios de asignación y conocer las cifras totales de reubicados a nivel nacional.

Una situación similar afronta Fátima*, de 35 años y madre de una adolescente de 16. Ella habita en el mismo refugio tras el colapso del terreno donde se erigía su vivienda en Gramoven. Para ella, la convivencia diaria exige cautela y una vigilancia constante sobre su hija.

Aunque aclara que no ha sufrido incidentes directos, la presencia de personas con “conductas difíciles” genera roces que pueden derivar en episodios violentos y momentos incómodos.