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La subasta del voto y la degradación republicana

Analítica ·

Un viejo adagio del cinismo político sugiere que una cosa es suponer la ingenuidad del electorado y otra muy distinta es actuar con la certeza de que carece por completo de discernimiento.

Suele pasar cuando alguna personalidad se creen superior al resto y subestima el coeficiente de una nación, una nación de primer mundo que quiere poner a su merced y convertirla en tercermundista para tenerla de rodillas a sus pies Cuando la oferta electoral abandona los proyectos de Estado para transformarse en una transacción monetaria explícita —prometer un cheque de 5.000 dólares a cada adulto a cambio de asegurar el control legislativo—, la política deja de ser un ejercicio democrático y pasa a operar como una subasta pública.

El cálculo aritmético desmonta la propuesta con contundencia técnica.

En una nación con cerca de 245 millones de ciudadanos en edad de votar, semejante compromiso implicaría una erogación inmediata superior a 1,2 billones de dólares (1.2 trillion).

Esta cifra equivale a casi una quinta parte del presupuesto federal anual, planteada en un entorno donde la deuda soberana y las presiones inflacionarias ya exigen disciplina fiscal.

Ningún fondo privado asumiría tal carga sin exigir prebendas ilegítimas, y comprometer fondos públicos sin sustento tributario ni viabilidad macroeconómica no constituye un plan de gobierno: es una irresponsabilidad que linda con la demagogia de último minuto.

Más allá del colapso presupuestario, la gravedad radica en la fractura ética e institucional.

La Constitución de los Estados Unidos establece con claridad meridiana el principio de pesos y contrapesos; la facultad exclusiva del gasto (power of the purse) reside en el Congreso, no en la voluntad unilateral del Poder Ejecutivo de acuerdo al Artículo I de la Constitución.

Condicionar una dádiva directa al resultado de una contienda electoral desvirtúa el espíritu cívico, apelando a la necesidad económica más inmediata del ciudadano para sortear el debate sobre políticas estructurales.

Aunque el discurso se vista bajo el ropaje de un supuesto «dividendo», en el fondo degrada la relación republicana entre gobernante y sociedad al nivel del clientelismo más básico.

La democracia no subsiste sobre promesas que asumen la sumisión o el descuido cívico del elector.

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