“Sembrar petróleo” bajo tutela: ¿lo bueno, lo malo, lo feo?

Hace 70 años un “exilado trashumante” escribía entre Washington, La Habana, San José y San Juan las páginas de Venezuela, política y petróleo (1956), crónica y ensayo que convertiría la renta petrolera en el asunto central de la política venezolana del s.XX.

Al examinar la historia de la explotación del “oro negro” y la posición de distintas administraciones afines a las ideas del positivismo, desde Cipriano Castro hasta Pérez Jiménez, este “hombre de su tiempo”, Rómulo Betancourt, no discutía si el país debía relacionarse con el capital extranjero: eso lo daba por sentado (afirma, de hecho, que partidos llamados a ejercer “una influencia rectora en los rumbos de un país no pueden ni deben ser, en la América Latina, ni pitiyanquis ni yancófobos”).

Su preocupación apunta a descifrar en qué términos, con qué instituciones y a favor de qué proyecto nacional se concretaría esa alianza para que operase como un verdadero ganar-ganar.

He allí, en esencia, la inquietud que vuelve a cobrar nervio a santo del acuerdo petrolero Washington-Caracas que hoy polariza el debate público.

Más allá de lecturas que, en una u otra acera, apelan a argumentaciones muy sólidas en relación a un futuro que ahora mismo luce borroso, tal vez conviene intentar una modesta evaluación de “lo bueno, lo malo, lo feo” del pacto de la discordia, sus debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades; leerla en diálogo con ese marco doctrinal que Betancourt planteó hace siete décadas y, sobre todo, procurar traducir ese cruce a fin de que cunda en recomendaciones prácticas para quienes hoy negocian, legislan o fiscalizan en nombre de Venezuela.

El problemático punto de partida: la información pública al respecto es fragmentaria y, en ocasiones, contradictoria.

Según el gobierno venezolano, el acuerdo generará unos $209.000 millones en regalías e impuestos a lo largo de su vigencia, y los yacimientos seguirán siendo propiedad inalienable de la República: jurídicamente, no parece tratarse de una concesión clásica, pues, sino de un contrato de riesgo con un operador privado.

Hacia lo interno, el respaldo político del acuerdo también agudiza las asimetrías.

La AN lo refrendó con el voto salvado de los diputados del grupo opositor Libertad.

La misma oposición aparece dividida entre defensores y detractores.

Al afirmar que Venezuela “necesita mucho más que dinero”, Machado cuestionó la legitimidad de la rúbrica local sin oponerse a la cooperación energética en sí misma (después de todo, un plan más atrevido de privatización total del sector fue el que ya expuso en foros internacionales); mientras los partidos que forman parte de la mesa de negociación respaldaron las inversiones pero solicitaron, con modos más bien discretos, “mayor información, transparencia y garantías verificables”.