De la vocación a la asignación: cómo la OPSU desmanteló el sistema de ingreso universitario

La Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) extendió hasta el 4 de septiembre el plazo para que los bachilleres modifiquen sus opciones en el Sistema Nacional de Ingreso (SNI) 2026. La medida aplica a los 136 170 aspirantes que no fueron asignados en la primera fase, mientras que los resultados de la segunda adjudicación se publicarán el 7 de septiembre.

De los 25 204 estudiantes que participaron en esta convocatoria, nueve de cada 10 recibieron una asignación en alguna de las carreras o programas seleccionados , según el Ministerio de Educación Universitaria. El organismo informó además que 54,3 % de los cupos fueron otorgados a mujeres y 74,8 % de los admitidos provienen de liceos públicos.

La OPSU habilitó más de 71 500 cupos adicionales en instituciones como la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), la Universidad Nacional Abierta (UNA) y la Misión Sucre para quienes no obtuvieron una asignación, pero décadas atrás ya se venía desmantelando para debilitar la autonomía universitaria.

La reforma iniciada en 2008 modificó ese equilibrio. El Estado eliminó la PAA y las pruebas internas con el argumento de democratizar el acceso y reducir las desigualdades en la admisión. La orientación vocacional no desapareció: la OPSU mantuvo la Prueba Nacional de Exploración Vocacional como instrumento para ayudar al estudiante a identificar sus intereses. El cambio estuvo en la admisión: las universidades comenzaron a perder capacidad para decidir directamente sus mecanismos de ingreso.

El punto de quiebre llegó en 2015 , cuando la OPSU pasó a asignar el 100 % de los cupos de las instituciones públicas. Las universidades autónomas cuestionaron la medida por considerar que afectaba sus competencias para determinar sus mecanismos de admisión. El conflicto llegó al Tribunal Supremo de Justicia, que ordenó a las instituciones acatar las asignaciones realizadas por el Consejo Nacional Universitario (CNU) y la OPSU.

Desde entonces, el estudiante registra sus preferencias, pero la asignación final depende de un sistema nacional que cruza sus opciones con los criterios establecidos por el Estado y la disponibilidad de cupos. La propia OPSU señala que sus herramientas buscan orientar al bachiller según sus intereses y preferencias y contemplan la dimensión territorial.

En 2020 , el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) cuestionó la asignación del 100 % de los cupos de las universidades públicas por parte de la OPSU y advirtió que el mecanismo podía afectar la autonomía universitaria y el derecho de los bachilleres a elegir qué estudiar y en cuál institución.